Voces a favor de "actualizar" la Ley de Defensa del Consumidor

Especialistas del ámbito judicial y académico dieron su visto bueno a una reforma de la Ley Nacional de Defensa del Consumidor, con el objetivo de actualizar sus lineamientos en sintonía con los cambios tecnológicos producidos desde su sanción en 1993.

La discusión por la reforma legislativa se lleva a cabo en las comisiones de Derechos y Garantías y de Justicia y Asuntos Penales del Senado, donde hoy se realizaron las exposiciones de Federico Ossola, juez de Cámara de la Provincia de Córdoba; de Belén Japaze, relatora del Tribunal Superior de Justicia de Tucumán y de Roberto Vázquez Ferreyra, profesor titular de la Universidad Nacional de Rosario. 

En primer término, Ossola consideró que "es necesario modificar la ley porque han pasado casi 30 años de su sanción ya que la realidad ha cambiado" y especificó que "antes no existía internet a nivel masivo", y eso modificó "las formas de producción y de consumo". El juez sostuvo también que "la ley 24240 era buena para su tiempo pero que está desactualizada" y consideró que "la tendencia mundial es tener una normativa con principios generales que luego permitan las reformas que los tiempos demanden".

"El proyecto que se analiza no es de ruptura con lo que existe sino que se agregan figuras nuevas", dijo y puntualizó que "se realizaron audiencias públicas" y que "no se pretendió aprobar nada a libro cerrado".

Ossola explicó que en la iniciativa que se debate "se amplía el concepto de usuario y de consumidor; se potencian los deberes de información y de seguridad y se destacan los deberes de los Estados de informar, así como la educación para el consumo". También "se efectúan nuevas formas contractuales, se incorpora un capítulo de crédito para el consumo, se efectúa un nuevo diseño al resarcimiento de daños y se incorpora la protección al sobreendeudamiento de los consumidores".

A su turno, Japaze expuso sobre el denominado "sobreendeudamiento del consumidor", contemplado en el anteproyecto y afirmó que "se trata de una problemática propia del mercado que fue asumida por países de economías estables". En ese punto, dijo que "el modelo propuesto estará inspirado en el mandato garantista del artículo 42 de la Constitución de 1994" y que "el destinatario debe ser el consumidor persona humana".

Resaltó que "la renegociación va a estar determinada por la actuación de un funcionario que convoque a las partes a sentarse a negociar". 

Vázquez Ferreyra añadió por su parte que "los derechos del consumidor junto con la protección del medio ambiente, son los temas que necesitan tutela en el siglo XXI" y subrayó que "el anteproyecto intenta darle modernidad a la ley ya que en la ley actual el tema de la compra por internet no está regulado". Sostuvo además que "hay daños que no son tolerables y en los que la indemnización llega tarde o no sirve y hay daños que tenemos que evitar que ocurran, si está ocurriendo, que cese, y si ya ocurrió, mitigar su efecto".