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Impulsan inversión de particulares en la obra pública

El Gobierno milita la adhesión de Mendoza a la ley nacional para proyectos con financiamiento mixto público y privado (individuos o empresas), con el foco en la construcción de viviendas.

Con una Provincia de arcas golpeadas y cuentas aún en proceso de saneamiento, el Gobierno apuesta a una importante participación del sector privado para poder encarar diversos proyectos de obra pública, sobre todo para pisar el acelerador en el área de vivienda.

 Para ello el Ejecutivo impulsa la adhesión a la Ley Nacional Nº 27.328 sobre contratos de Participación Público - Privada (PPP), que permitirá que el financiamiento de las obras públicas no sea responsabilidad exclusiva del Estado, y que públicos y privados compartan riesgos y ganancias.

El ministro de Hacienda de la provincia, Lisandro Nieri, asistió a la Legislatura para explicar en comisiones lo que significaría tal adhesión y aseguró que se parte de la imposibilidad que hay en la provincia y en el país para financiar cientos de proyectos de infraestructura:

"En la actualidad hay dificultades que no permiten que los proyectos de participación público-privada se lleven a cabo, y los inversores requieren las condiciones jurídicas y económicas necesarias para llevarlos adelante", indicó Nieri.

El ministro explicó que, luego de la adhesión, "todo contrato podrá ser de financiamiento exclusivamente estatal, o de 'generación de recursos', establecer el sistema de pago, podrá ser de 'cofinanciamiento con recursos públicos o privados', como por ejemplo, la construcción de escuelas o calles".

El funcionario señaló que "toda la política de vivienda de los conglomerados urbanos está planteada fuertemente a través de la asociación público-privada".


El ministro consideró que el sector privado está esperando que se le permita invertir para concretar proyectos para los que hoy no se tiene financiamiento. 

Sin embargo, el funcionario aseguró que en el caso de Mendoza hará falta incluir algunas modificaciones para que las obras tengan el control adecuado, para ello se propone la creación de una unidad de seguimiento de PPP y una comisión bicameral de seguimiento de PPP. 

También se proyectan exenciones impositivas, porque los contratos tendrán en cuenta obras muy onerosas a las que no se le podrán incluir sellados porque "se harían prohibitivas".

Por otro lado, la ley prevé la posibilidad de figuras societarias especiales y de fideicomisos financieros, es decir, que podrán reunirse ciudadanos comunes con capacidad de inversión y aportar los fondos necesarios para, por ejemplo, construir un conglomerado de viviendas. 

El funcionario aseguró que, a pesar de las exenciones y beneficios especiales que se les otorgarán a dichas sociedades, no estarán exentas de cumplir con el resto de las leyes provinciales, como la de responsabilidad fiscal o las de impacto ambiental.

En cuanto a la participación, se hará hincapié "en el compre mendocino y en la generación de empleo local" y será excluyente que se trate de proyectos de interés público. 

"Es un régimen alternativo pero va a persistir la obra pública con financiamiento tradicional", finalizó Nieri.