Fuerte lobby empresario para cambiar leyes laborales
La Unión Comercial e Industrial de Mendoza alertó sobre "el aumento incontrolable de la litigiosidad" en un 32% con relación a 2014 y propuso controlar la matrícula de abogados y el trabajo de peritos médicos. A esta preocupación se sumó la Sociedad Rural, pero apuntaron directamente a los trabajadores y pidieron que se extienda el periodo de prueba.
La UCIM elaboró un informe en el que detallaron la situación de la provincia, y advirtieron sobre la crisis que transitan diferentes sectores, cuyas causas principales son: la constante y creciente inflación; el atraso y disparidad cambiaria; la falta de competitividad; la presión tributaria; los problemas con el mercado externo; el enorme gasto público; la ausencia de una política energética; y la conflictividad laboral (alta litigiosidad).
Entre las propuestas de los empresarios para revertir la situación se destacan los pedidos de disminución de gravámenes a todos los sectores económicos, la implementación de nuevas tecnologías que proporcionen ventajas a la industria y la flexibilización de las condiciones exportadoras.
Pero en cuanto a la "litigiosidad" que plantean los empresarios, las soluciones son polémicas, ya que mientras que los empresarios de la UCIM quieren regular el trabajo de abogados y peritos -reformando el Código de Procedimiento Laboral de la Provincia-, la Sociedad Rural piden extender el periodo de prueba a doce meses y generar un fondo de desempleo que contemple el pago del juicio.
El presidente de la Sociedad Rural del Valle de Uco, Mario Leiva, aseguró que cada dos meses el productor debe afrontar un pleito laboral. "El productor grande no tiene problemas porque traslada todos los costos al producto, pero los más chicos no resisten", indicó.
'El mal llamado trabajador golondrina trabaja 6 u 8 meses y en ese tiempo la persona puede generar ingresos para vivir el resto del año', consideró Leiva y explicó que 12 meses a prueba 'no es un periodo largo'.
Por otro lado, el empresario del agro señaló que muchas veces los mismos juicios se inician porque en un primer momento el empleado se negó a ser puesto en blanco para no perder beneficios estatales, y pese a que el gobierno adelantó que los trabajadores agropecuarios no perderían las asignaciones, "la gente no lo cree".
El productor aceptó que el pedido de extensión del periodo de prueba se contrapone con la Ley 25.877 del Regimen Laboral -la misma estipula una duración máxima de tres meses-, pero consideró que "urgen las modificaciones", porque las políticas gubernamentales han sido las responsables de "expulsar a 100 mil productores del sistema".
"Es viable y lo tenemos que pelear", agregó Leiva y comentó que ya han obtenido el compromiso de algunos senadores nacionales para tratar dichas modificaciones, pero que recién se podrían discutir después de las elecciones.