La tarifa de agua ya subió 195% en cuatro años
Desde la creación de Aysam en 2010 la tarifa del agua en Mendoza ya subió un 195%, mientras que el déficit operacional de la empresa no paró de crecer y debieron subir progresivamente y sin descanso los subsidios estatales.
Con el anuncio de Francisco Pérez de esta semana, la suba de la tarifa en un valor del 40% ( aplicable entre setiembre y octubre), la tarifa ya acumula un incremento de 195,75% desde que la empresa volvió a manos estatales en 2010, suba que solo alcanza para cubrir los costos operativos.
Hasta hace pocos meses, cuando asumió la conducción de la empresa Guillermo Amstutz, Aysam acumulaba un déficit operativo de más de $200 millones en cuatro años y nunca logró igual sus gastos con sus ingresos.
El rojo operativo fue una constante desde el principio, cuando dejó de ser Obras Sanitarias. Por caso: en 2010, superó ampliamente el déficit previsto de $35 millones, en 2011 los números no cerraron en más de $22 millones y en 2012 quedaron sin cubrirse unos $50 millones. El año pasado los gastos superaron a los ingresos por $58 millones y en 2014 el déficit proyectado alcanza casi los $80 millones, que serán cubiertos por una suba fuerte de los aportes estatales que redondearán los $76 millones finalmente.
Aunque la cifra es mayor si se computa una deuda pendiente con el Departamento General de Irrigación y, si se agrega esto, a Aysam le faltarán más de $100 millones a fin de año.
Desde el principio del nuevo modelo de empresa, se desató otro problema además. Si bien la calidad del agua se logró mantener en niveles óptimos, las redes (sobre todo de cloacas) ya están más allá del borde del colapso, hoy, la ex Obras Sanitarias, tiene pendientes más de 8.000 reparaciones de pozos y calzadas en toda la provincia producto de los arreglos en los caños.
La falta de financiamiento fue otra constante, aunque con un agravante. Si bien la empresa sufrió por la falta de aportes nacionales (casi no llegó ni un peso de Cristina Kirchner más allá de las promesas oficiales) y además padeció los problemas de acceso al crédito que también afectó la provincia (por la coyuntura económica), la mala administración de los escasos préstamos que ingresaron también golpearon duro.
En marzo de 2011, meses después de la reestatización, la Legislatura autorizó a AYSAM a endeudarse en U$S 160 millones y en aquella oportunidad el gobierno de Celso Jaque planteó un cronograma de inversión por etapas en un período de diez años y en los primeros dos el dinero iba a ser destinado a obras de emergencia.
Este plan se cumplió en cuentagotas. Del endeudamiento autorizado solo se tomaron hasta ahora algo más de U$S 70 millones y se hizo evidente, más allá del entusiasmo inicial de aquellas autoridades mendocinas, que al Gobierno nacional poco le importó la jugada de recuperar una empresa que había sido privatizada en 1998.
Solo un parte del endeudamiento conseguido, provino de un préstamo de U$S 20 millones que le otorgó a la provincia el Banco Hipotecario, pero cuya autorización descansó casi dos años en los escritorios del ministerio de Economía de la Nación.
Cuando fue firmado, a finales de 2012, el propio gobierno de Pérez decidió utilizarlo para cubrir el rojo en las cuentas públicas y a finales de 2013 lo destinó para que Aysam pudiera encarar algunas obras como la instalación de 10 filtros rápidos para el establecimiento potabilizador de Luján, una nueva estación de bombeo de líquidos cloacales en San Martín y una nueva etapa de renovación de colectora Lisandro Moyano, entre otras obras.
Hoy se estaría repitiendo la misma maniobra. En diciembre pasado, se anunció con ruido la obtención de un crédito del Banco Nación por $400 millones para una serie de obras que fueron detalladas al mismo tiempo que se hacía el anuncio. Con el grueso de esos fondos, según se prometió, se repararían las redes domiciliarias (más de $153 millones) y se iban a mejorar los acueductos de distribución del agua (por unos $116 millones de inversión). El resto del préstamo sería destinado a la mejora de atención de reclamos, a mejorar los colectores y a establecer mecanismos de medición, entre otras cosas.
Sin embargo esos fondos (en total unos $365 millones que habrían llegado a la provincia por parte del Nación) habrían ido a parar al fondo unificado de las cuentas públicas. Es decir, otra vez habrían sido capturados por el gobierno para destinarlos a gastos corrientes y no para hacer obras en Aysam.