YPF y el acuerdo con La Pampa: se calienta la agenda legislativa
El acuerdo de la Nación con Repsol por YPF calentará el clima político en la Legislatura provincial la semana próxima, dado que el radicalismo planea volver a la carga con su reclamo para discutir en ese ámbito la participación de Mendoza en la petrolera estatizada.
Los radicales aseguran que la incorporación de Mendoza en la empresa es "un acto jurídico incompleto" y está en un "limbo jurídico", dado que nunca fue ratificado el acta acuerdo que firmó el gobernador Francisco Pérez el año pasado con las autoridades nacionales. El acta fijó las condiciones de aplicación de la ley de expropiación de YPF y estableció, entre otras cosas, las acciones que le tocaban a cada provincia.
Algunos distritos petroleros como Neuquén ratificaron el acuerdo de inmediato, pero la Legislatura mendocina nunca pudo convalidarlo por decisión política del gobernador. Para la UCR este es un tema muy importante, ya que mantiene en pie su reclamo de que el reparto de acciones no fue justo. Más cuando la Nación exigirá que Mendoza, como buen socio, haga un aporte millonario para afrontar los 5.000 millones de dólares que se comprometió a pagarle a la empresa española por la expropiación del 51 por ciento de las acciones que se aprobó en 2012, a través de la ley de soberanía hidrcarburífera (26.741).
YPF y los recursos petroleros mendocinos fueron caballitos de batalla de la UCR en la última campaña electoral. Julio Cobos y el resto de los candidatos se plantaron entonces en contra del acuerdo con Chevron por el petróleo no convencional de Vaca Muerta. Pero el ataque terminó con las elecciones.
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El arreglo con Repsol, no obstante, hizo que el tema volviera a la mesa de conversaciones del principal partido opositor antes de este fin de semana. "Formalmente Mendoza no es socia de YPF, porque el acta acuerdo nunca fue enviado", expresó el senador provincial Juan Carlos Jaliff. Fue este legislador quien anticipó que habrá un nuevo pronunciamiento político la semana entrante.
Incluso Jaliff señaló que Omar Félix (desempeña desde comienzos de este año el rol de representante de Mendoza en el directorio de YPF) "es miembro de hecho de la empresa". "Suponemos que está allí por un acto del Poder Ejecutivo Nacional", chicaneó Jaliff.
Omar Félix es miembro de hecho de la empresa, suponemos que por un acto del Ejecutivo Nacional
Uno de los que más sostiene el reclamo por las acciones es el diputado nacional Enrique Vaquié, quien afirmó esta semana que el 20,6% que le dieron a Mendoza del total de acciones expropiadas es insuficiente. El legislador insistió en que "por su producción y sus reservas comprobadas, Mendoza debería recibir entre el 25,01% y el 25,50%".
Para Vaquié, "lo único bueno de esta situación para los mendocinos es que existe la posibilidad de que el gobernador Francisco Pérez envíe finalmente el Acta Acuerdo para la implementación de la Ley 26.741 que firmó con el Poder Ejecutivo Nacional de una vez por todas a la Legislatura de la provincia".
Ambiguo. Vaquié denunció también que "durante dos años se ocultó que las provincias debían pagar las acciones" y recalcó que la ley 26741 "utiliza un vocabulario muy ambiguo y cada vez que le consultamos a las autoridades sobre la cuestión, tanto en privado como en público, se negaron a contestar al respecto".
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Señaló además el radical que "las provincias se verán obligadas a pagar por acciones por las que no tienen derecho a voto ni lo tendrán por cincuenta años, dado que están sindicadas", y fue más atrás aún al cuestionar por inoportuna la prórroga de concesiones hasta 2027 que el gobierno de Celso Jaque (con Pérez como ministro de Infraestructura) le otorgó a YPF en 2011.
Vaquié tiró, además, una hipótesis sorprendente: "¿Qué le queda a Mendoza para pagar su deuda, prorrogar las concesiones más allá de 2027? Sería una locura".
Sería una locura prorrogar las concesiones de YPF más allá de 2027
También expresó que el aumento de la producción de YPF que el CEO de la empresa, Miguel Galuccio, dio a conocer en el Congreso días atrás, no se expresa en Mendoza. "Aquí la producción cayó más de 5 por ciento, si pudiéramos decidir sobre nuestra participación en la empresa definitivamente estaríamos insistiendo para tener más inversiones en nuestra provincia", afirmó.
El Pancho en la mira. No sólo Pérez está en la mira de los opositores, sino que los cuestionamientos apuntan concretamente a su más fiel ministro: Francisco Pancho García, el titular de la Secretaría Legal y Técnica de la Gobernación.
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El peso específico de García, cuya oficina está pegada a la del gobernador, creció a partir del recambio de funcionarios que comenzó a fin de año. Este fiel paquista debería ser el responsable de girar el acta acuerdo de YPF a la Legislatura, pero también ha quedado envuelto en una fuerte polémica política por un arreglo muy polémico: el que firmó en 2008 Jaque por la cesión de aguas del río Atuel a La Pampa.
García confesó a MDZ Radio esta semana que sugiere no ratificar el convenio que se firmó en presencia de la propia presidenta de la Nación, Cristina Kirchner, y aseguró que el expediente de ese viejo acuerdo por las aguas del Atuel está desde diciembre en la Legislatura para su tratamiento. Esta declaración enfureció a la UCR, que salió a aclarar inmediatamente que la afirmación es falsa.
Pérez y su escudero hacen un doble juego, a juicio de la oposición, ya que proponen votar en contra un proyecto que la Legislatura no ha recibido. "García dijo que había mandado el acuerdo, lo que no es verdad. Firmar una nota enviando el expediente no significa que lo manda para que lo apruebe la cámara, el gobernador debe mandar un proyecto de ley, porque si no el envío es informativo y de conocimiento", dijo Jaliff al respecto.
Hay mucho enojo del radicalismo con García por la supuesta maniobra y esto se va a notar en una semana que será caliente en la Legislatura.