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Dinero

Aliados al kirchnerismo insisten con otra reforma financiera

El Frente Nuevo Encuentro, que encabeza el diputados y presidente del Banco Credicoop, Carlos Heller, presentó ayer en la Cámara de Diputados una nueva versión del proyecto de ley de Servicios Financieros para el Desarrollo Económico y Social.

Página 12

Foto: Nacho Gaffuri / MDZ

El Frente Nuevo Encuentro presentó ayer en la Cámara de Diputados una nueva versión del proyecto de ley de Servicios Financieros para el Desarrollo Económico y Social. El objetivo es derogar la norma 21.526 de Entidades Financieras dictada durante la dictadura, en 1977, con el impulso del entonces ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz. La iniciativa toma en cuenta los avances producidos con la reciente reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. “La reforma establece lo que el Banco Central podrá hacer, pero con la Ley de Entidades Financieras se define con mucha precisión lo que los bancos deberán hacer”, dijo a Página/12 el diputado y titular del Credicoop, Carlos Heller. El proyecto contempla que casi 50 por ciento de la cartera de préstamos de los bancos deberá estar compuesta por créditos a micro, pequeñas y medianas empresas y en líneas hipotecarias.

El proyecto había sido presentado en 2010, generando un acalorado debate en torno de la definición de la actividad bancaria como un servicio público, lo que denota el perfil que debería tener el sector. La versión remozada elimina este concepto para hablar de una actividad de “interés público”. “Las leyes también tienen un sentido de lo temporal y, cuando vemos que el Estado, en temas trascendentes como la regulación de la producción de Papel Prensa o en el tema de hidrocarburos, utiliza el concepto de interés público, nos parece que alinearnos con ese concepto lo hace más compatible con los proyectos que se impulsan desde el Ejecutivo y no pretende ir más allá”, explicó Heller. La diferencia no es menor. Mientras que un servicio público lo presta el Estado, aunque pueda concesionarlo a privados, el “servicio de interés público” se define entre privados, pero es regulado por el Estado.

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