YPF, las trabas y la dependencia complican los planes de Paco Pérez de emitir deuda

En twitter: @Fede_Manrique

De acuerdo con las condiciones que puso el Gobierno mendocino, quien resulte ganador deberá adelantar un préstamos de $200 millones (crédito puente) que será reintegrado con el bono que se emitirá posteriormente y que comprenderá un endeudamiento por $1.300 millones y U$S50 millones.

Bajo estas condiciones, son los propios inversores privados los que ofrecen qué tasa de interés están dispuestos a pagar con tal de comprar los títulos de deuda que emitirá la provincia. Por lo que, un empeoramiento de la nota crediticia (la tasa de riesgo) de la provincia puede provocar un aumento de la percepción de riesgo por parte de los inversores y, en consecuencia, que exijan una mayor tasa de interés en dólares. Esto afectaría el plan del Gobierno de endeudarse a tasas bajas en un contexto de liquidez mundial.

"Evidentemente este tipo de noticias (bajas en las calificaciones) no son buenas para el mercado. Que la provincia de Mendoza tenga una tendencia negativa en su calificación de deuda no es un dato neutro a la hora de obtener financiamiento", admitió Delfina Cavanagh, directora adjunta de Standard & Poor's en Argentina.

Deterioro
Para la calificadora de riesgo Standard & Poor’s, la baja en la calificación de Mendoza tiene condimentos propios y mucho que ver con lo que pasa a nivel país.

Según explica S&P en un comunicado, “la revisión de la tendencia a negativa de las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza y de la Ciudad de Buenos Aires, refleja los estrechos vínculos que tienen los gobiernos nacionales y provinciales en Argentina. Además de afrontar desafíos económicos similares, sus importantes vínculos se derivan de las significativas transferencias que hace el Gobierno central a los gobiernos provinciales, y del financiamiento directo o aprobación para la contratación de nueva deuda que les otorga la autoridad central”.  Esta dependencia con la Nación, es el condimento que Mendoza agrega a un panorama ya negativo a nivel nacional, que, según adelanta S&P, puede llevar a nuevos ajustes a la baja de la nota soberana de Mendoza a lo largo de este año.

- Debilidades de la economía: Para la calificadora Standard & Poor’s, estas acciones podrían exacerbar las debilidades existentes en la economía de Argentina, incluyendo la elevada inflación (que ha apreciado el tipo de cambio real) y el gasto gubernamental cada vez más rígido, lo que a su vez se traduciría en un peor entorno para la inversión. Las políticas actuales en el altamente regulado sector de energía han expandido fuertemente la demanda y reducido los incentivos para la exploración y producción, debilitando así las cuentas externas y fiscales de Argentina mediante el incremento de las importaciones de energía y mayores subsidios.

- Nacionalización de YPF: aunque la propiedad pública o privada de grandes empresas de hidrocarburos no tiene un impacto directo en la metodología de calificaciones soberanas de Standard & Poor’s, desde la calificadora de riesgo consideran que el hecho de que dicha acción haya sido tomada de manera abrupta y unilateral –con escasa negociación con el accionista de control— subraya el debilitamiento del sistema de pesos y contrapesos en Argentina. Acciones de este tipo continúan reduciendo el horizonte de planeación económica en el país, y además, contribuyen a deteriorar sus vínculos económicos y políticos con la comunidad internacional. “Dentro de este contexto no esperamos que Argentina avance para resolver los impedimentos que por mucho tiempo han evitado que recupere el acceso a los mercados internacionales ni que solucione el incumplimiento que lleva ya 10 años con los acreedores bilaterales del Club de París”, afirma S&P.

- Dependencia del Banco Central: el Gobierno central depende de las entidades del sector público (en particular del sistema de seguridad social (Anses), nacionalizado en 2008, y del Banco Central) para refinanciar los vencimientos en el mercado de deuda, una política que ha moderado su riesgo de refinanciamiento. Sin embargo, se espera que dicha política afronte límites con el tiempo a medida de que los propios mandatos públicos de estas entidades se comprometan con la acumulación de grandes niveles de instrumentos de deuda gubernamental cuyo valor real no está protegido del efecto de la inflación. En ese sentido, “aunque el Gobierno depende solo de manera moderada de los mercados locales privados para satisfacer sus requerimientos de financiamiento, podríamos interpretar una futura operación de administración de pasivos como un evento similar a incumplimiento de acuerdo con nuestra metodología y, por consiguiente, un evento de default”, advierte S&P.