Las provincias mineras van por la renta sin olvidar el medio ambiente

Las provincias buscarán aumentar su participación en la renta minera. Así quedó establecido en el Acuerdo Federal firmado ayer por las 10 provincias que integran la Organización Federal de Estados Mineros (Ofemi). Para alcanzar este objetivo, las jurisdicciones impulsarán la creación de empresas estatales o mixtas (en aquellos casos donde no existan). A su vez, se propone crear un Fondo para el Desarrollo de Infraestructura para que las provincias estén en igualdad de condiciones a la hora de acceder a un proyecto extractivo. La minería (sobre todo la que se realiza a “cielo abierto”) es objeto de críticas por distintas organizaciones sociales. Incluso, se han generado hecho conflictivos en distintas partes del país, como Famatina y Andalgalá. En este sentido, el acuerdo firmado por los gobernadores incluye una cláusula en la que se comprometen a cuidar el medio ambiente, con el objetivo de que sea “sustentable para el desarrollo humano”, y generar los mecanismos para “integrar esta actividad económica a la cultura de los pueblos”.

“Estamos tratando de subsanar la situación, generar un esquema no sólo asociativo, sino también de asesoramiento para ampliar la participación de las provincias en la renta minera”, manifestó ayer Julio De Vido, ministro de Planificación, luego de anunciar la firma del acuerdo. Los gobernadores presentes fueron Eduardo Fellner, presidente de la Ofemi (Jujuy); Juan Manuel Urtubey (Salta); Lucía Corpacci (Catamarca); Luis Beder Herrera (La Rioja); José Luis Gioja (San Juan); Francisco “Paco” Pérez (Mendoza) y Daniel Peralta (Santa Cruz). También firmaron los mandatarios de Chubut (Martín Buzzi), Neuquén (Jorge Sapag) y Río Negro (Alberto Weretilneck), informa hoy el diario Página/12

El actual marco regulatorio para el sector se basa en la Ley de Inversiones Mineras de 1993, elaborada por el sanjuanino José Luis Gioja y por el actual secretario del área, Alejandro Mayoral. La norma fijó un régimen de estabilidad fiscal por 30 años, sumado a otros beneficios, como la amortización acelerada de los bienes de capital, doble deducción de gastos en exploración y devolución anticipada de IVA. Si bien este acuerdo no pretende modificar las condiciones para el capital privado, promueve una mayor participación de los estados provinciales.

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