Para Argentina, las medidas de Estados Unidos son “incomprensibles”

El gobierno de Estados Unidos eliminó beneficios arancelarios de que gozaban un conjunto reducido de productos de origen argentino al ingresar a ese mercado. La decisión de Barack Obama responde a la presión de dos empresas norteamericanas que buscan cobrar alrededor de 300 millones de dólares por fallos del Ciadi, el tribunal arbitral del Banco Mundial, contra el Estado argentino. El gobierno nacional calificó la suspensión de “unilateral e incomprensible”, condenó el lobby corporativo que presionó para lograr la medida y cuestionó la decisión de las autoridades norteamericanas por considerar que busca obligar al país a “tomar una decisión violatoria de las leyes nacionales sobre pagos de sentencias”. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner se refirió a las medidas al advertir que “comienzan pequeñas guerrillas de carácter comercial que trataremos de abordar con la mayor civilización y con las herramientas de la ley”. Durante su intervención, la mandataria recordó las dificultades para el ingreso de carnes y limones argentinos a Estados Unidos, reclamo que trasladó a Obama durante la reunión que mantuvieron en Cannes durante el G-20, en noviembre último, informa hoy el diario Página/12

El presidente norteamericano sostuvo ayer en un mensaje al Congreso de su país que decidió quitar el tratamiento preferencial para las exportaciones locales porque la Argentina “no actuó de buena fe en el cumplimiento de fallos arbitrales en favor de empresas norteamericanas”. Se trata de un reclamo impulsado por el lobby de dos empresas: Azurix, ex concesionaria de agua potable y cloacas en 71 ciudades bonaerenses, y Blue Ridge, un fondo de inversión del Bank of America que se hizo cargo del reclamo de CMS Gas Transmission Company, accionista minoritaria de TGN. Las firmas pretenden cobrar una suma cercana a 300 millones de dólares por fallos del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial contra la Argentina. El gobierno acepta y reconoce que los laudos del Ciadi “son finales y obligatorios”, y establece que inversores beneficiados por ellos deben iniciar a nivel local el procedimiento para su cobro, algo que no sucedió en el caso de esas empresas.

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