Una puja alrededor del modelo eléctrico

La relación entre el sector eléctrico y el Gobierno volvió a tensionarse en los últimos días con la intimación que el ente regulador de la actividad (ENRE) le envió a la mayor distribuidora, Edenor, reclamándole por el incumplimiento en el pago del total de la factura de Cammesa vencida el 10 de octubre. Edenor, como otras distribuidoras antes, anunció para esa fecha que iba a cancelar sólo el 50 por ciento del costo del fluido eléctrico que recibe de la administradora del mercado mayorista (Cammesa). Las demás distribuidoras, como ahora Edenor, recibieron similares intimaciones por haber restringido el pago de las facturas de Cammesa en distintas proporciones. Edenor, como antes las otras, seguramente seguirá la política de mantener el pago parcial de la electricidad que recibe, “hasta tanto quede resuelto un nuevo esquema” en materia de distribución de costos y nivel de tarifas. Definición que quedó en manos de una comisión que encabeza el viceministro de Economía, Axel Kicillof, pero sin fecha de vencimiento.

La situación de quebranto financiero de prácticamente todas las distribuidoras eléctricas del país (públicas, privadas y cooperativas) es conocida desde hace ya tiempo. Varias de ellas denunciaron quedar desbalanceadas por el congelamiento de tarifas mientras aumentaban sus costos, salvo la energía que reciben de Cammesa. Pero las recomposiciones salariales y el precio de los insumos –algunos importados– le fueron comiendo sus excedentes económicos. A partir de marzo, una a una fueron decidiendo dejar de pagarle el total de la factura a Cammesa, con quitas del 30 al 70 por ciento, trasladándole el problema a la administradora mayorista.

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