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El voraz apetito del Estado está devorando hasta su propia fortaleza

Desde que el Gobierno, por decreto habilitó la posibilidad de usar reservas monetarias a fines de 2009, en un año y medio el Banco Central acumula bonos de deuda pública argentina por U$S41.500 millones sobre un total de reservas de U$S52.031 millones. Y es gracias a esto y al dinero que saca de la Anses, que el déficit fiscal luego del pago de la deuda no supera los $10.000 millones al primer semestre del año.

¿Qué dirías si supieras que de cada U$S10 que tiene de reservas el Banco Central de la Argentina, U$S8 son simplemente papeles? Sí, títulos de deuda que emitió el Estado y que están allí donde debería haber fondos que respalden el valor de los pesos que tenés en tu bolsillo. ¿Qué dirías si supieras que el Estado argentino tendría un déficit fiscal de más de $10.000 millones en los primeros seis meses del año si no metiera la mano en las reservas o en el dinero de los jubilados que atesora la Anses?

La historia se repite. Lo que ocurrió con las AFJP y las privatizaciones en los 90 hoy tiene su correlato en la depredación que está haciendo el Estado de las reservas del Banco Central, de los fondos de jubilación que maneja la Anses, el Pami y en los superávit que tienen cuanto organismo descentralizado y autárquico con el que el Gobierno nacional se encuentra a su paso. El maquillaje que se está haciendo del déficit fiscal no sólo está dando marcha atrás con el proceso de desendeudamiento del país, sino que también está carcomiendo el resultado de un contexto internacional favorable como nunca antes tuvo la Argentina. El falso dilema y la discusión polarizada entre Estado presente o Estado ausente esconde un debate necesario y urgente: en qué se gasta, cómo se gasta y con qué objetivos se dilapidan miles de millones de recursos públicos por año.

Primero fue la estatización de los fondos que administraban las AFJP en octubre de 2008, lo que le permitió al Estado hacerse de una caja estimada en unos $95.000 millones (entre dinero, títulos de deuda pública y acciones) y asegurarse un ingreso extra vía Anses de unos $13.000 millones por año de aportes patronales y de los trabajadores a la Seguridad Social. Ingresos que se ajustan por la variación anual que vienen registrando los salarios. La promesa del Gobierno y la justificación para la estatización de los fondos de las AFJP era que esa masa de dinero se iba a volcar a la economía real y serviría para que en el país hubiera más crédito, a tasas más bajas y a plazos más favorables.

No contentos con eso, cerca de 14 meses después, a fines de 2009, el Gobierno nacional avanzó hacia la conquista de otra caja importante de recursos. Debido a los problemas fiscales causados por el fuerte aumento del gasto público, por decreto se decidió usar las reservas del Banco Central (BCRA) para pagar los vencimientos de deuda pública en dólares de 2010. Fue el ministro de Economía y hoy candidato a vicepresidente, Amado Boudou, quien anunció en diciembre de 2009 la creación del Fondo del Bicentenario para el Desendeudamiento y la Estabilidad, por el que se autorizaba a tomar reservas para pagar deuda.

En su momento, Boudou destacó que la medida (criticada por la oposición y que motivó la salida de Martín Redrado del Central) buscaba “despejar todas las dudas sobre la capacidad de pago de la Argentina durante el 2010”.

Esta “garantía de pago del BCRA sobre la deuda”, según Boudou, iba a bajar la tasa de interés tanto para el Estado como para el sector privado, generando al mismo tiempo menos estrés para el frente fiscal".

Incluso, el hoy candidato a vicepresidente le puso tope al uso de reservas. Según declaraciones de Boudou al diario Página/12, el Gobierno proponía usar sólo “el 18% de las reservas totales, equivalente al 30% de las reservas de libre disponibilidad, que alcanzan al U$S18.000 millones", explicó.

Un año y medio después, la verdad quedó revelada.

Donde hubo billetes hoy hay cada vez más papeles
Desde el 2006, cuando Néstor Kirchner utilizó dólares de las reservas para cancelar la deuda que el país tenía con el FMI por U$S9.500 millones, la autoridad monetaria viene financiando año tras año las arcas del Tesoro Nacional para que este, a su vez, vía emisión monetaria mantenga un gasto público creciente y haga frente a los pagos de la deuda pública. Así, ya parados en 2011, el BCRA tiene bonos de deuda por U$S41.500 millones sobre un total de reservas al 15 de julio de 2011 de U$S52.031 millones.

“Una consecuencia directa de financiar al Tesoro con reservas y emisión es que el balance del BCRA está ‘desbalanceado’ y se está descapitalizando. Por un lado, aparece en su activo un volumen cada vez mayor de títulos públicos como contrapartida contable de las reservas que el Tesoro se apropia para los pagos de deuda en dólares. Son en su mayoría letras a muy largo plazo, intransferibles y sin cotización de mercado. El gobierno hace ‘plin caja’ de las reservas y al BCRA le queda un ‘papelito’ contable de dudoso valor y recupero”, dice M&S, la consultora que dirigen Carlos Melconian y Rodolfo Santangelo, en una nota publicada por el diario Clarín.

Actualmente, los U$S41.500 millones en títulos representan más del 80% del total de reservas del BCRA (U$S 52.000 millones), mientras que en 2000 ese porcentaje apenas alcanzaba a menos del 10%.

Pero esta voracidad por apropiarse de recursos no ha redundado en un mejoramiento de las cuentas del Estado. Lo único que ha ocurrido es que cambiaron los tenedores de deuda argentina. La deuda pública de la Nación alcanzó los 173.147 millones de dólares en marzo, y más de la mitad está contraída con organismos públicos nacionales como la Anses, según un trabajo sobre datos oficiales elaborado por la consultora Delphos Investment.

Anses, vía el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), posee el 23% del total de títulos públicos, es decir, unos U$S27.845 millones. Entre el Banco Nación y el Banco Provincia de Buenos Aires tienen otro 5%, o U$S5.630 millones. Así es como entre los cuatro organismos públicos (el BCRA, Anses y los dos bancos públicos) poseen el 53% de los bonos en circulación del Estado nacional, mientras que el 47% restante está en manos del sector privado. Pero esto no tiene en cuenta la emisión de letras del Tesoro, sobre las que no hay datos acabados y que tienen por destino los fondos de la Anses y el Pami. A febrero de este año, el total suscripto en letras alcanza los $12.500 millones.

Maquillaje del déficit
Tampoco mejora el frente fiscal.  En los primeros seis meses de este año, y tras el pago de los intereses de la deuda, las cuentas públicas concluyeron con un déficit de $2.169 millones. En igual período de 2010 habían arrojado un superávit de $196,5 millones, según los datos del Ministerio de Economía. Y esto podría haber sido mucho peor, ya que este resultado negativo se alcanzó fundamentalmente por transferencias del Banco Central y de la Anses al Tesoro. Sin esos refuerzos, los números hubieran resultado negativos en $10.055 millones, en contraposición con el “rojo” de $6.698 millones de igual semestre del año pasado.

La fortaleza fiscal del Estado se está debilitando a medida que las cajas a las que el Gobierno nacional ha venido metiendo mano, como el Banco Central y la Anses, se van quedando vacías. Y con recursos acotados, un endeudamiento creciente no sincerado y un gasto público que crece por encima del 30% anual, el margen de maniobra del Estado se va a acotando. Y ahí sí el Estado se vuelve débil y servil.