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La UCIM llama a rechazar el Indicador Mínimo de Trabajadores de la AFIP
En un comunicado, la entidad empresaria mendocina salió a advertir sobre el grave impacto que esta nueva disposición de la AFIP para luchar contra el trabajo en negro generará en las empresas de Mendoza. Adelantaron que en breve convocarán a una reunión para oponerse a esta nueva medida del gobierno.
Desde la Unión Comercial e Industrial de Mendoza (UCIM) se difundió hoy un comunicado con la firma de José Poquet, presidente, y Aldo Pagano, secretario de la entidad, que plantea el rechazo a la puesta en marcha del Indicador Mínimo de Trabajadores (IMT) de la AFIP, una iniciativa que busca luchar contra el trabajo en negro en base a un sistema de controles basado en índices que presumirán la cantidad de trabajadores que son necesarios para cada actividad. Si, en función de la magnitud de una unidad de producción determinada, la cantidad de empleados es considerada baja por parte del órgano recaudador, se determinará una deuda por supuestos aportes y contribuciones no pagadas.
Desde la UCIM salieron a advertir a los dirigentes locales sobre el impacto que esto tendría en sus empresas y los llamó a reunirse para rechazar este nuevo mecanismo de control.
“El Ministerio de Trabajo, la Seguridad Social y la AFIP, enviarán a ex empleados de las AFJP a controlar, de acuerdo a su criterio, si los empresarios tienen los empleados que corresponden para cada una de las actividades a fiscalizar. Estos inspectores, que en su mayoría no tienen el menor conocimiento sobre la producción y comercialización, fiscalizarán si las empresas tienen el plantel necesario para operar”, advierte el comunicado de la UCIM, desde donde ensayan ejemplos: “si un inspector cree que una empresa necesita quince empleados para funcionar y esa empresa, de acuerdo a la capacidad del empresario para obtener su mejor rendimiento, tiene cinco empleados, el Ministerio de Trabajo y la AFIP, considerarán que la empresa tiene diez empleados en negro y será sancionada”.
Desde la UCIM salieron a advertir a los dirigentes locales sobre el impacto que esto tendría en sus empresas y los llamó a reunirse para rechazar este nuevo mecanismo de control.
“El Ministerio de Trabajo, la Seguridad Social y la AFIP, enviarán a ex empleados de las AFJP a controlar, de acuerdo a su criterio, si los empresarios tienen los empleados que corresponden para cada una de las actividades a fiscalizar. Estos inspectores, que en su mayoría no tienen el menor conocimiento sobre la producción y comercialización, fiscalizarán si las empresas tienen el plantel necesario para operar”, advierte el comunicado de la UCIM, desde donde ensayan ejemplos: “si un inspector cree que una empresa necesita quince empleados para funcionar y esa empresa, de acuerdo a la capacidad del empresario para obtener su mejor rendimiento, tiene cinco empleados, el Ministerio de Trabajo y la AFIP, considerarán que la empresa tiene diez empleados en negro y será sancionada”.
El proyecto de la discordia fue anunciado el 7 de octubre por el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, y, si bien es compulsivo, el procedimiento admitirá prueba en contrario si los inspectores descubren que una empresa supuestamente tiene menos empleados de los que necesita, ya que el empleador tendrá 15 días para intentar probar que la dotación declarada es suficiente para su nivel de producción.
Según Echegaray, la AFIP tiene unos 2.000 funcionarios que se abocarán a la tarea, que son en muchos casos ex empleados de las eliminadas AFJP. En la Argentina se estima que hay 4,5 millones de trabajadores no registrados.
“El grave problema es que estos inspectores serán empleados del Estado y en muchas oficinas estatales donde se necesitan sólo cinco empleados hay quince o veinte. ¿Aplicarán la misma metodología para empresas privadas?”, se preguntan con ironía desde la UCIM.
Ante este nuevo plan y sus posibles consecuencias, desde la UCIM adelantaron que convocarán a una reunión para discutir sobre este tema y tratar de lograr unidad para expresar su rechazo.
“El grave problema es que estos inspectores serán empleados del Estado y en muchas oficinas estatales donde se necesitan sólo cinco empleados hay quince o veinte. ¿Aplicarán la misma metodología para empresas privadas?”, se preguntan con ironía desde la UCIM.
Ante este nuevo plan y sus posibles consecuencias, desde la UCIM adelantaron que convocarán a una reunión para discutir sobre este tema y tratar de lograr unidad para expresar su rechazo.