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Rusia, Canadá y Turquía intervienen en el mercado de granos

La posibilidad de que el gobierno de la presidenta Cristina Kirchner profundice la intervención estatal en el comercio de granos comenzó a circular en las últimas horas y, si bien constituiría una medida de fuerte impacto político, se trata de una idea con antecedentes en distintos países.
Foto: efe
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La posibilidad de que el gobierno de la presidenta Cristina Kirchner profundice la intervención estatal en el comercio de granos comenzó a circular en las últimas horas y, si bien constituiría una medida de fuerte impacto político, se trata de una idea con antecedentes en distintos países.
  
Para hallar iniciativas en las que el Estado participa del comercio de determinados productos no sólo hay que remontarse al recordado IAPI (Instituto Argentino de Promoción del Intercambio), durante los gobiernos de Juan Perón.
  
Por ejemplo, Canadá cuenta en la actualidad con el Consejo Canadiense del Trigo (Canadian Wheat Board).
  
Se trata de una agencia estatal, creada en 1912, que actúa como monopolio para la comercialización interna y la exportación
de trigo y cebada.
  
Canadá sostiene esa política a pesar de que es cuestionada con fuerza por la Organización Mundial del Comercio (OMC) y los Estados Unidos.
  
En materia económica, a Canadá no le fue nada mal en los últimos años: tanto es así que hace pocos días, Fareed Zakaria, columnista de la revista Newsweek, escribió que los norteamericanos deberían envidiar a sus vecinos.
  
"Adivinen qué único país, en el mundo industrializado no ha enfrentado una sola quiebra bancaria, pedidos de rescate o de intervenciones estatales en el sector financiero o de hipotecas. Sí, es Canadá. En 2008, el Foro Económico Mundial ranqueó al sistema bancario de Canadá como el más sano del mundo. El norteamericano se ubicó en el puesto 40 y el británico en el 44", señaló Zakaria.
  
El país del Norte puede mostrar doce años continuados de superávit fiscal y en los últimos años realizó una reestructuración de su sistema de pensiones para hacerlo más  sólido.
  
El organismo que allí monopoliza el comercio de granos es una agencia del gobierno federal y mantiene toda una serie de regulaciones que involucran a productores, compradores y vendedores.
  
En los hechos, se centraliza el acopio y la exportación de granos, permitiendo a los productores eliminar la discriminación de precios en períodos de cosecha por parte de las grandes empresas internacionales que comercializan ese tipo de materias primas.
  
Más allá del mecanismo particular que existe en Canadá, la mayoría de los grandes exportadores de cereales cuentan con regulaciones bastante complejas -como en los casos de Estados Unidos, la Unión Europea y Australia-.
  
En este último país, existe una Junta similar a la canadiense, aunque es privada, bajo el control de los productoers.
  
La Argentina contó décadas atrás con mecanismos regulatorios similares y que fueron dejados sin efecto en la década del 90.
  
La Junta Nacional de Granos se estableció durante los años 30, como una forma de paliar la caída de los precios internacionales.
  
Sus funciones eran, entre otras, intervenir en el mercado de granos para sostener el precio interno al productor, abastecer a la industria y el consumo local a precios accesibles y organizar acuerdos de comercio con otros Estados.
  
En tanto, en el mes de julio pasado se conoció la iniciativa del gobierno ruso de conformar una empresa estatal de comercialización de granos.
  
Rusia se posiciona como el quinto mayor exportador mundial de cereales y la iniciativa surgió como una forma de ganar mayor protagonismo a nivel mundial, en el marco del pico de los precios de commodities agrícolas, el año pasado.
  
Otro país donde existe una fuerte regulación del comercio de granos es Turquía.
  
Allí existe una oficina estatal que apunta tanto a proveer al mercado interno como a exportar.
  
Se trata de una junta que funciona desde 1938 para regular el mercado de granos, que es una empresa estatal con personería jurídica y presupuesto propio.
  
La compañía pública mantiene silos y lugares de almacenaje: tiene una política que apunta a comprar granos de mayor calidad en el exterior y exportar los excedentes de la producción local.