¿No había plata para los remedios, pero sí para bajar retenciones?

Durante meses nos repitieron el mismo verso: no hay plata. Que el equilibrio fiscal era "innegociable". Que entregar medicamentos gratuitos a los jubilados del PAMI rompía el ajuste. Que primero había que "ordenar las cuentas", y después, si quedaba algo, recién ahí pensar en los más vulnerables.

Y ahora, sin ponerse colorados, el mismo gobierno anuncia baja de retenciones al agro, beneficios para grandes grupos económicos y blanqueo para fondos extranjeros. ¿Entonces el equilibrio fiscal era selectivo? ¿O solo una excusa para ajustar a los de siempre?

PAMI Mendoza: impunidad que enferma

Desde hace más de medio año, el PAMI Mendoza desobedece una sentencia judicial firme que lo obliga a restituir la cobertura de medicamentos esenciales. No se trata de una demora burocrática: se trata de salud, de vida o muerte. Son jubilados y personas con discapacidad a quienes el Estado dejó librados a su suerte.

El director local del PAMI, David Litvinchuk, acumula sanciones por desobedecer esa orden judicial. Comenzaron en $100.000 por día, subieron a $300.000 y hoy superan los $500.000 diarios. Más de 55 millones ya se deben por incumplimiento, mientras los medicamentos siguen sin aparecer.

A esto se suma una sanción al director nacional del PAMI, Esteban Leguizamón, y una denuncia penal en trámite. ¿La respuesta oficial? Ninguna. El gobierno decide blindar al funcionario, ignorar el fallo y dejar que los jubilados se las arreglen como puedan.

Imaginen ahora un organismo que debe pagar más de 55 millones de pesos en multas por desobedecer una sentencia judicial firme, y aun así mantiene en el cargo al funcionario responsable.

Ese funcionario –David Litvinchuk, delegado del PAMI en Mendoza– sigue sostenido políticamente por el presidente de la Nación, a pesar de estar sancionado, denunciado penalmente y haber incumplido el derecho a la salud de miles de abuelos.

¿Qué es realmente el PAMI?

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, conocido como PAMI, es un ente público no estatal, con personería jurídica autárquica y patrimonio propio, creado por la Ley N.º 19.032. No forma parte del Poder Ejecutivo ni de la administración central: tiene autonomía técnica, administrativa y financiera.

Sin embargo, el Poder Ejecutivo lo interviene y designa a sus autoridades a dedo, ignorando la voluntad de sus verdaderos dueños: los jubilados. Esa colonización política lo ha convertido en un organismo lento, opaco, ineficiente y alejado de su misión original.

Y ahí está la trampa: los mismos funcionarios designados políticamente, con su ineptitud y desinterés, generan déficits y desvíos de fondos. Después, usan esos números en rojo como excusa para no entregar medicamentos, para recortar pañales, para negar tratamientos esenciales.

El problema no es que el PAMI no tenga recursos. El problema es cómo se los administra. Y peor aún: quién los administra.

El PAMI debe volver a manos de sus verdaderos titulares: los jubilados

No puede seguir siendo botín de campaña ni refugio de funcionarios sin sensibilidad. Hay que democratizar su conducción, transparentar sus cuentas y garantizar que su presupuesto esté al servicio de la salud, no de la política.

Ajuste para los pobres, beneficios para los poderosos

El relato de que “no hay plata” se cae a pedazos. Cuando se trata de garantizar el acceso a la salud, el dinero no alcanza. Pero cuando se trata de beneficiar a los sectores concentrados, la billetera aparece. Se eliminan retenciones, se crean regímenes de excepción para importadores, se premian inversiones que no tributan ni devuelven beneficios a la sociedad.

No es solo un modelo económico: es un modelo moral. Uno que dice que si sos débil, estás solo. Que si no podés pagar tu salud, no la merecés. Que si un juez ordena algo que incomoda, se ignora con total impunidad.

El costo del capricho político lo paga la sociedad. Las multas por desobediencia se abonan con fondos públicos, el mismo dinero que debería destinarse a garantizar derechos. La inacción es doblemente grave: destruye el sistema judicial y vacía el Estado de contenido social.

Milei y la vieja política: un frente para blindar el ajuste

El presidente prometió terminar con la "casta", pero gobierna con ella. En Mendoza, La Libertad Avanza se fusionó con Cambia Mendoza, la estructura que viene manejando cargos, cajas y favores hace décadas. El resultado: ajuste sin límites, impunidad institucionalizada y un desprecio cada vez más profundo por los más vulnerables.

El caso PAMI no es una anomalía. Es el síntoma de un modelo. Un modelo que se burla de la Justicia, atropella derechos adquiridos, y destruye el rol del Estado como garante del bienestar colectivo. Un modelo que ya no disimula: quiere expulsar del sistema a quien no pueda pagar.

¿No había plata para los remedios? ¿Y ahora sí para bajar retenciones?

La mentira fiscal ya no se sostiene. El "ajuste" dejó de ser técnica para convertirse en doctrina. Una doctrina que desprecia al jubilado, al paciente, al que no llega. Que convierte al derecho en gasto y a la necesidad en obstáculo. Que se jacta de su crueldad.

Y si hoy abandonan a los jubilados, mañana van por todos.