La Ley Nicolás: la esperanza frente a un sistema de salud que colapsa
Quien haya pisado una guardia en la Argentina sabe que la atención médica se ha convertido en una lotería.
Imagen referencial.
El Senado sancionó una ley que busca garantizar la seguridad de los pacientes. Nació del dolor de una familia y puede marcar un cambio profundo en un país donde las guardias colapsadas, los errores médicos y las muertes evitables son parte de la rutina.
Una historia que desnudó la desidia
Nicolás Deanna tenía 19 años cuando en 2017 murió por una meningitis que no fue diagnosticada a tiempo. Su caso no fue un accidente aislado: fue la muestra brutal de lo que ocurre cuando la negligencia, la sobrecarga laboral y la falta de protocolos se combinan en un sistema de salud desbordado. Su familia transformó esa tragedia en lucha, y después de años de insistencia logró que el Congreso sancione la Ley Nicolás, una norma que pretende garantizar la seguridad de los pacientes y terminar con la impunidad de la mala praxis.
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Guardias que son una ruleta rusa
Quien haya pisado una guardia en la Argentina sabe que la atención médica se ha convertido en una lotería. Pasillos abarrotados, médicos agotados después de turnos maratónicos, enfermeros multiplicándose para cubrir funciones imposibles, y pacientes esperando durante horas con cuadros que muchas veces no pueden esperar.
Los datos confirman lo que la gente sufre: apenas el 2,6% de quienes acuden a las guardias lo hacen por emergencias reales, el resto son casos leves que no encuentran dónde atenderse. El resultado es un embudo peligroso que retrasa diagnósticos y agrava enfermedades. Más del 12% de los internados en el país sufre errores médicos, y en más del 3% de esos casos el desenlace es la muerte.
Tragedias que pudieron evitarse
Las páginas policiales y judiciales se llenan de casos que revelan el costo humano de la desidia. Un joven de 24 años murió tras nueve días de agonía porque su fuerte dolor de cabeza fue minimizado y no se diagnosticó una meningitis a tiempo. En Córdoba, una clínica fue condenada a pagar 200 millones de pesos por la muerte de un paciente víctima de mala praxis. Y los escándalos recientes muestran fallas aún más graves: el fentanilo clínico contaminado que provocó decenas de muertes, o la enfermera condenada por inyectar potasio e insulina a bebés sanos en un hospital neonatal.
Estos episodios no son excepciones: son el reflejo de un sistema que no controla, que no previene y que, en demasiadas ocasiones, oculta.
Qué propone la Ley Nicolás
La norma sancionada pretende romper con esa lógica de abandono y silencio. Obliga a hospitales y clínicas, tanto públicos como privados, a establecer protocolos claros de atención, a limitar la sobrecarga laboral del personal de salud y a crear un Registro Nacional de Eventos Adversos, donde deberán informarse los errores y negligencias que antes se escondían bajo la alfombra.
La ley también obliga a auditorías y controles periódicos, reconoce el derecho de los pacientes a recibir información y apunta a que los trabajadores de la salud puedan contar con condiciones mínimas para ejercer su tarea sin poner en riesgo a quienes atienden.
La esperanza y el desafío
La sanción de la Ley Nicolás abre una puerta a la esperanza: que la vida de un paciente no dependa más del azar de una guardia colapsada ni del cansancio extremo de un médico. Pero también plantea un desafío enorme: que no se quede en el papel. El Congreso aprobó la norma, pero no asignó presupuesto específico. Su aplicación dependerá de la voluntad de cada provincia y del control social que logremos ejercer.
Lo que debería hacerse ya
Si se quiere que esta ley sea algo más que un homenaje simbólico, es necesario que el Estado invierta en personal, en infraestructura y en auditorías externas que garanticen su cumplimiento. Los pacientes deben tener canales simples para denunciar fallas, y las instituciones deben asumir que el ocultamiento ya no es una opción.
Un cambio que no puede esperar
La Ley Nicolás nació del dolor de una familia, pero su sentido es colectivo: evitar que otras madres, padres e hijos sufran lo que ellos sufrieron. En un país donde las guardias colapsadas y los errores médicos son parte de la rutina, esta ley es un primer paso para recuperar la confianza en un sistema que se olvidó de cuidar.
La vida no puede seguir dependiendo de la suerte ni de la resignación. Ahora hay una ley que reconoce esa verdad. Lo que falta es que el Estado, las provincias y las instituciones de salud estén a la altura de cumplirla.