La Isla del Río Diamante: el Estado ausente que condena a un barrio entero
Los vecinos de la Isla del Río Diamante, en San Rafael, llevan semanas sin agua potable por la quiebra de la unión vecinal que debía proveer el servicio, mientras la cooperativa acumula deudas millonarias con la distribuidora eléctrica.
En San Rafael, al sur de Mendoza, se levanta la Isla del Río Diamante, un barrio que hoy vive la peor pesadilla: semanas sin agua potable. No por sequía ni por una catástrofe natural, sino por la quiebra de la unión vecinal que debía garantizar el servicio y que acumula deudas millonarias con la distribuidora eléctrica.
El mensaje oficial a los vecinos ha sido claro en su cinismo: "Arréglense entre ustedes, junten plata y rescaten a la cooperativa". Como si el agua fuera un club social que se sostiene a la gorra.
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Un servicio esencial, no un favor
El agua potable es un derecho humano básico y un servicio público esencial. No depende de la buena voluntad de una asociación ni del bolsillo de los vecinos. Cuando un prestador colapsa, la obligación es del Estado: intervenir, garantizar la continuidad del servicio y proteger a los usuarios.
Pero acá pasó lo contrario: el Estado se escondió. El municipio se lavó las manos, Edemsa se limitó a cortar la luz y el Gobierno provincial dejó que el problema se profundice.
El fraude de la delegación
La unión vecinal debía administrar el agua de casi tres mil familias. En la práctica, terminó siendo una estructura sin controles, con más deudas que recursos y miles de conexiones clandestinas que nunca fueron regularizadas. El Estado provincial delegó, no fiscalizó, y ahora se desentiende del desastre.
Lo que ocurre en la Isla del Río Diamante desnuda un modelo perverso: el Gobierno se saca de encima responsabilidades esenciales, las transfiere a entidades barriales sin recursos, y cuando explota la bomba, la factura se la pasan a los usuarios.
DIRCAS, la ley y la obligación de intervenir
La Ley Provincial N.º 6044 y sus normas reglamentarias establecen que el agua potable es un servicio público bajo control estatal. Hoy la autoridad de aplicación es DIRCAS, dependiente de Irrigación, organismo creado por el Decreto 1680/2024 que centralizó la competencia de los entes reguladores de agua potable.
La ley es clara: cuando una unión vecinal fracasa en su gestión, DIRCAS tiene el deber de intervenir. Puede designar un interventor, transferir el servicio a AySAM o disponer medidas de emergencia, como el abastecimiento por camiones cisterna.
Nada de eso se hizo. El resultado: vecinos recorriendo oficinas equivocadas, reclamando a municipios o entes eléctricos que no tienen competencia, mientras el agua sigue sin salir por las canillas.
El costo del abandono
Este corte no es un problema administrativo: es un atentado contra la dignidad. Las familias no pueden cocinar, higienizarse ni sostener condiciones mínimas de salud. Y todo porque el Estado eligió abandonar su rol y convertir un derecho humano en un "problema entre vecinos".
Si algo enseña este caso es que la improvisación no puede ser política pública. Delegar sin control es abandonar. Y abandonar, en materia de agua, es condenar a la gente a vivir sin lo esencial.
El reclamo justo
Los vecinos de la Isla del Río Diamante no están pidiendo privilegios: exigen que el Estado haga lo que la ley manda. Que DIRCAS intervenga, que el Gobierno garantice agua de emergencia y que se restituya el servicio de manera permanente bajo un esquema transparente y viable.
El agua no puede depender de moratorias desesperadas ni de colectas vecinales. El agua es un derecho. Y un Estado que no garantiza el agua potable es un Estado que ha decidido abandonar a su gente.