Crímenes y castigos

Ninguna buena política de seguridad puede nacer a partir de un caso policial resonante. Pero también es cierto que sin un caso que conmueva a la sociedad, que la movilice, que quiebre con el status quo, preocupe a los sectores influyentes y ocupe a los medios de comunicación, muchas veces tampoco se consigue poner en marcha mecanismos que, si no, funcionan por inercia y cuyas responsabilidades se diluyen en el irritantemente parsimonioso paso del tiempo.

Ante un hecho horroroso que impacta, la vieja maña de las autoridades de Seguridad mimetizadas con la policía que no consigue prevenir ni curar, de echar mano al prontuario de la víctima para acusarlo de su desgracia, no es algo que resulte tan sencillo.

Y no queda al descubierto solamente ese mecanismo perverso para conseguir una primera duda mediática, que les dé chances a decir que “no se trata de inseguridad, sino de ajustes de cuentas o peleas entre conocidos”. O el clásico "perejil" que queda en libertad a los dos días, un recurso "de manual" del que ya todo el mundo está harto.

También, a partir de casos paradigmáticos:

-         Repentinamente, aparece la preocupación por el accionar de jueces y fiscales y se pretende aleccionarlos con gesto adusto. Bienvenido sea. ¿Quién monitorea su accionar entre muerto y muerto? ¿Qué pasa cuando no se conoce la gravedad de un homicidio de manera de movilizar a una reclamante comunidad?

-         En la superficie, la muerte de una persona “conocida” parece tener más valor que la de uno por conocer. (Más aún si se lo conocerá por los informes oficiales sobre su conducta pasada y presente que, casi siempre, terminan condenándolo por ser la propia causa de quedarse sin futuro). ¿Qué pasa que habiendo tanta inversión en sistemas de seguridad, pública y privada, la que hace el Gobierno con los recursos públicos y los vecinos con los propios, no logran articularse para que den resultado?

-         La sociedad se hunde en el pánico y la posibilidad de ser víctima y reclama cosas que jamás habría dicho en público contra todo aquel que resulte sospechoso. Reclaman y los funcionarios y legisladores que debieron monitorear y trabajar por un progreso en las políticas públicas de seguridad toman nota del dictado social, como aceptando que si no les dicen qué hacer, no sabrían cómo actuar. ¿Qué hacen los organismos de control del Sistema de Seguridad Pública cuando no tienen que recibir algún nuevo dramático petitorio en las escalinatas de la Legislatura? ¿A ellos los controla alguien?

-         Surge el afán movilizador que más temprano que tarde se desinfla: el duelo no se ha cumplido. ¿Sirve que los medios de comunicación nos montemos sobre el dolor hasta exprimir la última lágrima y después, darle paso a la siguiente truculencia? ¿No estamos apoyando una perversidad con otra: cadena de perversidades, círculo vicioso que termina por promover la repetición cíclica de las penurias en lugar de apostar a la resiliencia social, “aprovechando” cada crisis para crecer?

Es inconducente que una sociedad no logre trazar políticas públicas de largo aliento. Es denigrante que no lo consiga justamente en un aspecto tan vinculado a la continuidad (o no) de la vida, como es la seguridad. Es absurdo que nos hagan movilizar los casos horrorosos y no las ideas superadoras. Pero hay algo peor aun: es que la dirigencia (y no se trata solamente de la política) se quede pergeñando como “pasar el chubasco” y pidiendo recetas, ya que cuando uno mete el voto en la urna para elegir un Gobierno lo hace pensando en que ya vienen con ellas: saben qué hacer, en qué áreas, con qué personas y en qué plazos para conseguir qué resultados.

No puede decirse que seamos una sociedad impávida: ha habido propuestas, foros, discusiones, planificaciones desde los más diversos sectores sociales.

Pero surge una palabra oscura y manoseada a la hora de trazar la raya y sacar la cuenta de lo que queda: impunidad.

No se trata solo del tecnicismo jurídico de que un caso quede irresuelto y sus ejecutores, en libertad, sin pagar por lo que hicieron.

La impunidad de la que hablamos es otra, es “light”, está en el ambiente: nada paga ningún precio por las cosas que suceden, todo resulta tapado por una noticia que viene después, por una ola de otras injusticias, de una sucesión de cosas que no se hicieron a tiempo, de controles que nadie garantizó, de legislación que a ninguno se le ocurrió aplicar, chequear si se ajusta a la realidad o sancionar al que no la aplicó.

En el imperio de esa impunidad, la sociedad, rabiosa, reclama el antónimo como única respuesta: “castigo, castigo”. ¿Pero a quién?