Una profesión que se apaga en silencio

Este 13 de septiembre se conmemora en la Argentina el Día del Bibliotecario y la Bibliotecaria, que destaca el papel de los gestores de la información como actores relevantes en el ámbito social, cultural y del conocimiento. A su vez, también representa una jornada de reflexión sobre nuestro presente y, particularmente en Mendoza, sobre los desafíos que representa el escenario actual. Esta jornada, sin embargo, obliga a mirar de frente una realidad incómoda: la escasez de nuevos profesionales y su impacto en el mercado laboral.

Desde hace unos años, particularmente tras la normalización de las actividades presenciales luego del confinamiento que supuso la pandemia de COVID, el panorama de la Bibliotecología y Ciencia de la Información (ByCI) en nuestra provincia atraviesa una crisis silenciosa pero preocupante. Cada vez son menos los mendocinos que optan por estudiar una carrera de educación terciaria o universitaria vinculada a la ByCI. Esto ocurre pese a que la oferta académica está disponible en formato virtual y a que la demanda de profesionales de la información sigue siendo alta en ciertas instituciones.

Esto no se trata de una simple especulación. Según datos aportados por Fundación Rayuela —la única institución de Mendoza que ofrece en forma continua una carrera del ámbito de la ByCI— de los 68 alumnos activos en la Tecnicatura Superior en Comunicación y Gestión de Bibliotecas, solo 23 residen en la provincia. El dato más alarmante: este año apenas 8 personas comenzaron a cursar, cuando años atrás los mendocinos representaban entre el 90 y el 95% de la matrícula total. Un panorama similar se repite en otras instituciones nacionales con oferta a distancia, como la Universidad Nacional de Mar del Plata, la Universidad Nacional del Litoral, la Universidad Católica Argentina sede Paraná y la Escuela Nacional de Bibliotecarios de la Biblioteca Nacional: en todas ellas, los estudiantes mendocinos son una presencia marginal y en escaso crecimiento. La provincia, en síntesis, está quedando afuera del mapa formativo de la disciplina.

La falta de nuevos graduados repercute indefectiblemente en el ámbito laboral. Solo este año, varias búsquedas de contratación de bibliotecarios en Mendoza han tenido dificultades en conseguir profesionales, especialmente para puestos que requieren presencia full-time o exclusiva (30-40 horas semanales). Un factor de peso es justamente el tema de la dedicación: la gran mayoría de los bibliotecarios deben recurrir a dos empleos para subsistir y muchos no están dispuestos a abandonar sus trabajos actuales. También incide la baja remuneración ofrecida en comparación con las responsabilidades asumidas, los pocos incentivos y la falta de perspectivas de crecimiento profesional.

A las condiciones laborales se suma el desconocimiento público sobre la oferta educativa existente a nivel nacional. Además, solo la Universidad Nacional de Mar del Plata ofrece una cursada gratuita; el resto de las instituciones establece aranceles que, sumados a la percepción generalizada de que la carrera no garantiza una fuente de trabajo segura ni bien remunerada, desalientan a quienes podrían estar interesados. El costo económico y el costo simbólico actúan juntos como barrera de ingreso.

De continuar esta situación, las instituciones que hoy demandan bibliotecarios se verán forzadas a reemplazarlos en su totalidad por personal sin formación específica o, directamente, a cerrar sus servicios (especialmente en las escuelas, donde se encuentra hoy la mayor cantidad de puestos disponibles) a medida que los profesionales actuales pasen a jubilarse.

La pregunta, entonces, no es solo cuántos estudiantes se matricularán en los años venideros. Es más profunda y más urgente: ¿qué clase de sociedad decide dejar caer en silencio una profesión que organiza, preserva y democratiza el conocimiento? La comunidad bibliotecaria de Mendoza tiene una deuda pendiente consigo misma: llevar este debate fuera de sus propios pasillos y convertirlo en una demanda pública, política y cultural. Más que ejercicio gremial, como defensa de algo que le pertenece a todos: el derecho a acceder a la información con alguien capacitado para orientarla.