Proyecto San Jorge en Uspallata: los cuestionamientos a la audiencia de un exfuncionario

Mientras la audiencia pública oficial por el Proyecto San Jorge —que busca extraer cobre a cielo abierto en Uspallata — va por su tercer día, organizaciones cuestionan su transparencia. Eduardo Sosa, exsubsecretario de Ambiente y referente de Oikos, sostuvo en MDZ Radio que el Gobierno "hizo lo posible para deslegitimar la participación pública genuina" y calificó el proceso como una formalidad.

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"El Gobierno busca la foto del titular diciendo ‘amplio apoyo’, pero la participación ha sido restringida a niveles violatorios de normas internacionales", afirmó Sosa, quien optó por ser parte de la organización de la audiencia paralela en Villa de Uspallata, donde aseguró que participaron más de 2.500 personas de manera espontánea. "Nadie les pagó el colectivo. Fueron porque quisieron", destacó, contrastándolo con la convocatoria oficial, que —según él— promedia "50 o 60 personas por día".

Sosa, con experiencia en más de 100 audiencias desde 1992, señaló que es la primera vez que se realiza una alternativa: "La gente no encontró en la audiencia oficial un espacio para ser escuchada. La mina ya está aprobada; los legisladores la ratificarán, salvo que la ciudadanía demuestre que no hay licencia social". Aunque admitió que la iniciativa no tiene peso jurídico, la definió como "un acto político para que el Gobierno escuche".

Falta de garantías y estudios ignorados

El ambientalista acusó al Gobierno de omitir estudios críticos, como el de la Facultad de Medicina de la UNCuyo sobre toxicidad, y otro del Conicet que cuestiona los riesgos para los acuíferos: "El Gobierno desconoce cualquier tipo de estudio. Hasta la opinión de Oikos en el Consejo Provincial del Ambiente fue excluida del dictamen final".

Sosa también recordó su renuncia en 2015, cuando se enteró por la prensa de que se habilitó la fractura hidráulica en Mendoza: "Los gobiernos no entienden que la ciudadanía tiene cosas para decir. Cuando hay que debatir con argumentos técnicos, se echan para atrás".

"No es minería sí o no; es si las cosas se hacen con transparencia. Aquí se defienden intereses privados, nosotros los colectivos", sostuvo.