Militantes antimineros impulsan una audiencia pública paralela en Uspallata, por el proyecto San Jorge
Los impulsores cuestionan la accesibilidad a la audiencia pública oficial y denuncian que esta busca respaldar la megaminería. El 2 de agosto habrá una audiencia alternativa: dónde es y el motivo.
Aquí el punto donde realizarán la audiencia pública oficial.
Gentileza PSJ Cobre MendocinoAsambleas por el agua, organizaciones sociales, estudiantiles y políticas impulsan una audiencia pública alternativa en Uspallata el próximo 2 de agosto, en rechazo al lugar elegido por el Gobierno de Mendoza para realizar la instancia oficial de participación ciudadana sobre el nuevo Informe de Impacto Ambiental (IIA) del proyecto San Jorge.
La convocatoria paralela fue anunciada por las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura (AMPAP), que cuestionan la legitimidad y accesibilidad de la audiencia organizada por el Ejecutivo provincial. Según denuncian, la sede oficial designada se encuentra dentro del predio de la empresa titular del proyecto, en un paraje alejado, de difícil acceso, con temperaturas bajo cero y sin servicios esenciales, lo que, según sostienen, vulnera el derecho a la participación ciudadana.
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“Consideramos que la designación del lugar de la audiencia propuesta por el Gobierno de Mendoza, en connivencia con la Minera San Jorge, es intencional. Esta maniobra sólo intenta desalentar la participación popular”, expresaron las organizaciones firmantes del comunicado difundido por AMPAP.
Una audiencia alternativa con respaldo legal y escribano público
En este contexto, el movimiento socioambiental convoca a una “audiencia en el pueblo”, que se desarrollará el mismo día en la villa de Uspallata con el objetivo de garantizar una instancia “popular, accesible, transparente, participativa y constitucional”. El lugar escogido es simbólico: fue allí donde, en 2010, se realizó una audiencia pública en la que más del 75% de los participantes se expresó en contra del emprendimiento minero.
Además de abrir la participación a toda la ciudadanía interesada, las organizaciones informaron que la audiencia alternativa contará con certificación de un escribano público, lo que —afirman— garantiza la formalidad del proceso y deja constancia oficial de las intervenciones y presentaciones realizadas. Esta característica, señalan, busca reforzar la legitimidad del evento frente a lo que consideran un procedimiento oficial que no respeta los estándares mínimos de imparcialidad ni de acceso ciudadano.
Cuestionamientos al nuevo estudio de impacto ambiental
Las organizaciones recuerdan que ese rechazo ciudadano fue posteriormente respaldado por ambas cámaras de la Legislatura provincial, que en 2011 archivaron el proyecto. Sin embargo, la iniciativa fue reactivada y ahora se encuentra nuevamente en proceso de evaluación ambiental.
Desde AMPAP advierten que el nuevo IIA presentado por la empresa Proyecto Minero San Jorge (PMSJ) “resulta peor que el ya rechazado en 2010”, y alertan sobre los posibles impactos negativos en las cuencas del río Mendoza y el río Tunuyán, conectadas por acuíferos subterráneos. A su vez, enfatizan que el modelo de desarrollo propuesto “no se ajusta al modo de vida de Uspallata”, basado en actividades como la agricultura, el turismo y el comercio.
Derechos ambientales y participación ciudadana
El comunicado menciona que la convocatoria alternativa se basa en los principios de participación ciudadana contemplados en el artículo 41 de la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente (25.675), la Ley Provincial de Procedimientos Administrativos (9.003) y el Acuerdo de Escazú (Ley 27.566), que promueven procesos de consulta abiertos, inclusivos y con enfoque en derechos.
“El pueblo de Uspallata lleva 17 años de resistencia contra la megaminería. La Minera San Jorge no tiene licencia social”, afirman desde AMPAP, y sostienen que sólo con un desarrollo basado en el respeto al ambiente y a las decisiones comunitarias se puede preservar el agua y el territorio.
La audiencia pública oficial está prevista también para el 2 de agosto y forma parte del proceso legal para evaluar la viabilidad del proyecto minero. Desde el Gobierno de Mendoza se ha señalado que se cumple con los requisitos técnicos establecidos, aunque las organizaciones socioambientales sostienen que no se respetan los estándares mínimos de participación ni de imparcialidad.
Ambas audiencias reflejan un conflicto que se reactualiza en la provincia: el modelo de desarrollo económico, la preservación de las cuencas hídricas y la legitimidad de los mecanismos de consulta ambiental.