Niños con autismo: fallo ejemplar de la Justicia en el caso Rey modifica la inclusión en las escuelas

La Justicia reaccionó a la judicialización del caso Benicio Rey, hijo del arquero de Independiente, y ordenó que se modifique la inclusión de los niños con autismo en las escuelas, decisión que ayuda a cambiar la realidad de los niños y las familias que conviven con el Trastorno del Espectro Autista ( TEA).

En 2024, Rodrigo Rey y su esposa denunciaron que el Instituto José Manuel Estrada de City Bell les negó la escolaridad a su hijo Benicio, que vive con TEA, y a su hermana Renata. Esto presentaba, además de un caso de discriminación, una enorme dificultad para sus padres y los niños.

En cuanto a la problemática de conseguir escuela, no era mayor dada las condiciones de las que puede gozar el matrimonio Rey, pero si en ese "conseguir escuela" se pone como centro la situación de los niños, la tarea se dificulta. Un niño con TEA no puede resocializar con tanta facilidad y esto podría significar un grave atraso en el crecimiento y desarrollo de Benicio, punto central de la discusión.

Desde la institución, a pesar de esta condición de Benicio, invocaron el "derecho de admisión" para no renovarle la matrícula, corriendo del eje al menor y su entorno. Por este motivo, los padres comenzaron una campaña para dar a conocer lo que les estaba pasando y judicializaron la cuestión, no para conseguir solo esa matrícula, sino para lograr una inclusión real a nivel educativo que aplique a otros casos similares. La Justicia les respondió.

En primer lugar, los hermanos Rey continuaron en su escuela por la imposición de un amparo que obligó a la institución a renovar la matrícula hasta tanto se expida la Justicia. Ahora, luego de la intervención de profesionales, la Justicia ordenó que no se repita una situación de este estilo y que "la Fundación José Manuel Estrada realice capacitación de los efectores -incluidas las personas que integran el nivel empresarial o de toma de decisiones- en materia de discapacidad".

Además, el falló exhortó al Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires que garanticen la capacitación para institutos privados o públicos tal como lo ordena la Ley 15.296 de la provincia de Buenos Aires promulgada en 2021 y que establece la capacitación obligatoria en discapacidad para todas las personas que se desempeñen en la función pública.