Hay 17 concejales y 1 funcionario nacional imputados por cobrar el IFE
El Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) se pensó para complementar los ingresos de los sectores vulnerables, previendo los efectos económicos que tendría la pandemia. Pero hecha la ley, hecha la trampa: 17 concejales salteños y 1 funcionario nacional reclamaron esa entradita extra, por lo que fueron imputados.
La investigación está en manos de la Justicia Federal, a través del fiscal Ricardo Toranzos. Y los acusados son un empleado del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y un puñado de representantes comunales, que enfrentan cargos por "defraudación a la administración pública" e "incumplimiento de sus deberes".
"Este caso es indignante para la comunidad, que está realizando un gran esfuerzo. Quienes han sido elegidos por el voto popular se aprovecharon de la asistencia destinada a personas que atraviesan una situación de precariedad", expresó Toranzos durante un reportaje que publicó La Nación.
Lo que viene
La pesquisa está en sus inicios y se anticipó que podría haber más involucrados. Por lo pronto, se conjetura que los sospechosos recibían salarios de entre 20 y 60 mil pesos, a lo que sumaban el IFE.
A causa de la pandemia, las audiencias se están desarrollando de un modo particular, con 18 imputados que se conectan desde distintas localidades, diez defensas, el Ministerio Público y los jueces. Una verdadera multitud online.
Como se sabe, el IFE está destinado a familias con ingresos precarios: monotributistas de las categorías más bajas, empleados en negro, etc. Desde que se implementó, han aparecido numerosos "vivos" que encuentran la forma de birlar las normas. Incluso en la misma provincia de Salta se han detectado casos en los que algunos sujetos se proponen como intermediarios para gestionar ese ingreso y a cambio se quedan con un porcentaje. La Argentina que más duele.
