El Arzobispado salió al cruce por el caso del "cura hostigador"

El Arzobispado de Mendoza y el sacerdote Alberto Daniel Sardá fueron denunciados civilmente por una mujer que asegura haber sido abusada hace 20 años y acusa al cura de hostigarla. Este jueves, la Iglesia salió al cruce respondiendo que "se debe actuar conforme a derecho" frente a una acusación que adolecería de "liviandad ética y jurídica".

El mensaje eclesiástico implica otro movimiento de fichas en un tablero en el que los abogados Carolina Jacky y Carlos Lombardi ya fijaron su estrategia. Para ellos, los daños que sufrió su defendida justifican un resarcimiento económico.

Como anticipó MDZ antes que ningún otro medio, la historia comenzó hace dos décadas, cuando una chica de 16 años habría sido abusada sexualmente por Sardá, quien se desempeñaba en una iglesia de Palmira. El año pasado, la mujer y el cura se cruzaron en la calle y desde entonces ella dice que el individuo "se le aparece en todas partes, con la finalidad de hostigarla y ejercer violencia de género". 

La jueza María Eugenia Ibaceta, del Tribunal de Gestión Asociado Número 3, atendió el pedido de la hipotética víctima, le puso una orden de restricción al hombre y ordenó que el sospechoso no sea trasladado, como ocurre a veces cuando se denuncia a religiosos. Por su parte, el Arzobispado emitió su comunicado, en el que hace duros cuestionamientos:

“Sorprende la liviandad ética y jurídica con la que los abogados patrocinantes de la causa hacen apariciones mediáticas, avaladas por la notoria y desprolija actividad del tribunal en cuestión, con severas y graves fallas de constitucionalidad en su obrar, toda vez que hay una causa judicial cuyos demandados no conocen en absoluto los términos de lo reclamado”.

Es decir que el Arzobispado afirma no haber accedido a los detalles del expediente. Más adelante, el documento subraya que "en el camino de la verdad de los hechos, la autoridad judicial no puede obrar con arbitrariedad, prescindiendo de las elementales garantías constitucionales" y solicita a los medios "no difundir información sin el respaldo de la verdad de los hechos, dando por verificados procesos judiciales aún no notificados a los eventuales reclamados”.