Ley Joaquín: Córdoba cambia las reglas por las víctimas de delitos cometidos por menores
El proyecto de la Ley Joaquín, es impulsada por el Gobierno de Córdoba y habilita las víctimas puedan querellar cuando el delito haya sido cometido por menores.
Joaquín Sperani, el adolescente asesinado por otro menor en la ciudad cordobesa de Laboulaye inspira el proyecto de ley que impulsan en Córdoba. Foto: Facebook / Mauricio Bacella
El Gobierno de Córdoba remitió a la Legislatura provincial un proyecto de ley que crea un Régimen Provincial de Protección de Víctimas de Delitos, una iniciativa que busca ordenar, reforzar y garantizar la tutela efectiva de quienes atraviesan un proceso penal. La propuesta lleva el nombre de “Ley Joaquín ”, en memoria de Joaquín Sperani.
Se trata del niño de 13 años que fue asesinado por un compañero de estudios de la misma edad en la ciudad de Laboulaye. Su historia conmovió a todo el país.
El proyecto que impulsa el gobernador Martín Llaryora establece derechos claros y operativos, así como obligaciones concretas para el Estado y los operadores judiciales. El texto sostiene que, pese a que el sistema penal prevé instancias de intervención para la víctima, en la práctica persisten asimetrías de información, demoras, barreras de acceso y riesgos de revictimización.
Por qué “Ley Joaquín”
El texto propone que la norma lleve el nombre “Joaquín”, en referencia al caso de Joaquín Sperani, como acto de memoria institucional y señal pedagógica.
La denominación, indica el proyecto, busca recordar que detrás de cada expediente “hay personas, seres queridos e historias de vida que exigen del Estado una respuesta efectiva”.
La madre de Joaquín, el adolescente asesinado en 2023 en Laboulaye, había reclamado cambios en la legislación para garantizar derechos a las víctimas y sus familias durante los procesos judiciales. En diálogo con Cadena 3, Mariela Flores explicó que el proyecto surgió a partir de las dificultades que atravesó su familia en la investigación del crimen.
"Se nos impedía ser querellantes", señaló al recordar que el autor del hecho tenía 13 años al momento del asesinato, lo que limitó la participación de la familia en la causa judicial. Según explicó, los abogados debieron invocar la ley nacional de víctimas para poder intervenir parcialmente en el expediente. "Lo único que se nos permitió fue presentar pruebas", indicó.
La mujer también denunció que durante el proceso judicial la familia tuvo un acceso muy limitado a la información de la causa. "No tenemos información de nada, ni siquiera cuál es el proceso de investigación que llevan los fiscales o el juez", afirmó.
En ese sentido, relató: "Nosotros nos enteramos de la liberación del menor por las noticias", relató. Para Flores, la experiencia evidenció las dificultades que enfrentan las víctimas dentro del sistema judicial. "No solamente me enfrento al asesino de mi hijo, sino a todas estas barreras que nos puso el Estado con sus leyes para tener justicia”, expresó.
Y concluyó: "Encima que sabés que el caso de tu hijo queda en la impunidad. No queremos que otras familias atraviesen lo mismo. La Constitución dice que somos iguales ante la ley, pero no se respetan nuestros derechos constitucionales. Los derechos de las víctimas no van en detrimento de los derechos del victimario".
Protección para las víctimas
Según informó el gobierno de Córdoba, el proyecto que se elevó a la Legislatura fija un piso de protección común para todas las víctimas en la provincia, sin alterar el debido proceso ni el equilibrio entre las partes. Para tal fin, establece un conjunto de derechos que deberán ser garantizados desde el primer contacto de la víctima con el sistema de justicia.
Entre ellos, se incluyen: trato digno, privacidad y no revictimización; información clara y comprensible sobre el proceso penal y sus instancias; acceso a patrocinio jurídico, incluso gratuito y especializado cuando sea necesario; participación en el proceso, tanto aportando elementos de interés como ejerciendo derechos en audiencias y decisiones clave; asistencia médica, psicológica, social y jurídica de manera gratuita y continua; medidas de protección urgentes ante riesgos o situaciones de intimidación; y reparación integral del daño, por vía penal o civil.
Asimismo, el régimen incorpora el principio de debida diligencia, que obliga a las autoridades a actuar sin demoras, evitando que la intervención estatal agrave el daño sufrido.
Reformas procesales de la Ley Joaquín
La propuesta incluye un conjunto de modificaciones puntuales al Código Procesal Penal de Córdoba, necesarias para que los derechos reconocidos no queden en declaraciones abstractas. Entre los cambios más relevantes se destacan:
- Habilitación expresa para que víctimas de hechos cometidos por menores inimputables puedan constituirse como querellantes.
- Reforzamiento de la obligación de informar y notificar a víctimas decisiones que puedan afectar su seguridad o sus derechos.
- Prevención estricta de la revictimización, reduciendo actos repetidos o exposiciones innecesarias.
- Establecimiento de modalidades especiales para declaraciones en delitos graves, como los vinculados a violencia de género, delitos sexuales o violencia familiar.
- Participación de la víctima en decisiones como prisión domiciliaria, libertad condicional o suspensión del juicio a prueba.
- Creación de un nuevo artículo sobre juicio abreviado, donde la víctima deberá ser informada obligatoriamente en delitos graves (contra la vida, integridad sexual, libertad, robos agravados o violencia de género).
- El proyecto “no introduce privilegios procesales” y mantienen el equilibrio del proceso penal, aunque garantiza respuestas “rápidas, eficaces y útiles”, en línea con los estándares que exige la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La iniciativa prevé la creación del Observatorio de Víctimas de Delitos en el ámbito de la Legislatura, integrado por representantes del Estado, organizaciones civiles y familiares de víctimas.
Su función será producir diagnósticos, recomendaciones y buenas prácticas para mejorar las políticas públicas de asistencia.
Además, se establece que el Poder Ejecutivo deberá asegurar los recursos presupuestarios necesarios mediante reasignaciones o previsiones específicas.