En 30 años bajaron los accidentes de trabajo pero la gran cantidad de juicios laborales jaquean el sistema
Se cumplen tres décadas de vigencia del sistema de riesgos del trabajo en los que se contuvo de manera significativa los accidentes laborales pero no así la tasa de judicialidad de conflictos.
Al cumplirse tres décadas de la puesta en marcha del Sistema de Riesgos del Trabajo (1996-2026), el balance revela un avance histórico en materia de prevención y salud laboral. En 30 años, la mortalidad en el ámbito de trabajo cayó un 79%, mientras que la incidencia de accidentes disminuyó un 54%.
En estos 30 años, el sistema consolidó una cobertura que hoy alcanza a 10,2 millones de trabajadores y a 1 millón de empleadores asegurados en todo el país. Los números demuestran una reducción en la siniestralidad: la mortalidad en el ámbito de trabajo cayó un 79%, mientras que el índice de incidencia de accidentes en ocasión del trabajo disminuyó un 54%.
En estas tres décadas, se evitaron 5,1 millones de accidentes laborales y se lograron salvar 20 mil vidas, logrando además que la gravedad promedio de las incapacidades por siniestros descendiera un 29% en los últimos 15 años.
El surgimiento del régimen de cobertura de riesgos del trabajo en 1996 respondió a la necesidad imperiosa de transformar un esquema de protección obsoleto y fragmentado. Antes de la sanción de la Ley de Riesgos del Trabajo (Ley 24.557), la atención médica y la indemnización de las contingencias laborales recaían directamente sobre el empleador bajo normas del Código Civil y viejas leyes laborales, lo que generaba enormes demoras, quiebras de empresas y desprotección para los damnificados.
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La creación del sistema de ART introdujo un modelo obligatorio enfocado en tres pilares clave: la exigencia de estándares preventivos en las empresas, la atención médica inmediata e integral ante el accidente y el establecimiento de indemnizaciones con fórmulas previsibles de cálculo y rápido cobro.
El problema de los juicios laborales
Sin embargo, frente a estos números, la desproporcionada tasa de litigiosidad se ha convertido en la principal amenaza para la sostenibilidad del modelo. En la Argentina se registran actualmente 132,9 juicios por cada 10 mil trabajadores, alcanzando un stock acumulado de 327 mil demandas activas en trámite sobre un total histórico de 1,6 millones de procesos ingresados.
La asimetría internacional es alarmante: la judicialidad laboral argentina es 23 veces la de Chile y 16 veces la de España. Este fenómeno revela un severo desacople con la realidad preventiva, agravado por el dato de que el 87% de los juicios iniciados corresponden a casos en los que las Comisiones Médicas oficiales habían determinado la ausencia de incapacidad, pero donde la justicia determina en promedio más de 14 puntos de incapacidad adicional.
Un sistema de cobertura y resarcimiento
Los datos prestacionales del sistema reflejan la escala operativa desplegada por las 23 ART y mutuales en tres décadas. Durante este período se atendieron 16,1 millones de siniestros y, en la actualidad, se otorgan 14,1 millones de prestaciones asistenciales por año.
En términos de inclusión social, el régimen incorporó a 550 mil trabajadores de casas particulares a la red formal de protección. Además, el sistema demostró un rol de contención crítica ante emergencias de salud pública al brindar cobertura integral a 550 mil casos de COVID-19 durante la pandemia.
En materia de resarcimiento económico, el plazo de pago es de 15 días con actualización por RIPTE; en caso de fallecimiento, el piso prestacional se ubica en $97 millones (más un 20% adicional por daño moral) sumado a un pago único de $65 millones. Asimismo, la efectividad del sistema se refleja en la reinserción social, logrando que el 64% de los trabajadores que reciben recalificación profesional vuelvan a insertarse activamente en el mercado laboral.
