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Córdoba confirmó que retiraron las ampollas de fentanilo contaminadas

El ministro de Salud provincial aseguró que el fentanilo adulterado ya no circula en Córdoba y que los sanatorios deben reportar lotes dudosos.

El ministro de Salud de Córdoba, Ricardo Pieckenstainer, sostuvo este jueves que las ampollas de fentanilo contaminadas ya no circulan en la provincia.

El ministro de Salud de Córdoba, Ricardo Pieckenstainer, sostuvo este jueves que las ampollas de fentanilo contaminadas ya no circulan en la provincia.

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El ministro de Salud de Córdoba, Ricardo Pieckenstainer, sostuvo este jueves que las ampollas de fentanilo contaminadas ya no circulan en la provincia y que se tomaron medidas para impedir que el fármaco llegue a los pacientes. “Somos responsables de que el producto no esté al alcance de la gente”, afirmó durante una conferencia de prensa.

El funcionario remarcó que las clínicas y centros médicos tienen la obligación de informar si adquirieron algún lote sospechoso y subrayó que “las farmacias y hospitales públicos mantienen bajo resguardo todos los medicamentos de HLB Pharma”, el laboratorio vinculado al empresario Ariel García Furfaro.

A la par de las medidas sanitarias, el gobierno provincial decidió constituirse como querellante en la causa que instruye el juez federal Ernesto Kreplak en La Plata, con quien –según dijo Pieckenstainer– mantienen un contacto permanente.

Víctimas del fentanilo adulterado

El titular de la cartera sanitaria expresó también su solidaridad con las familias de las 96 personas fallecidas tras haber recibido dosis adulteradas y reclamó el pronto esclarecimiento judicial de lo ocurrido.

En relación con el manejo de los fármacos, Pieckenstainer explicó que todos los medicamentos del laboratorio fueron separados y puestos a disposición de la Justicia, sin contacto alguno con los pacientes de hospitales públicos. Además, aclaró que la administración provincial no dispone ni de las historias clínicas ni del stock de remedios de los sanatorios privados, aunque sí insistió en que estos establecimientos deben notificar inmediatamente cualquier situación sospechosa al Ministerio de Salud de la Nación y a la Justicia.

De esta forma, la provincia busca transmitir un mensaje de tranquilidad en medio de la investigación judicial que intenta determinar cómo se produjo la contaminación y quiénes son los responsables detrás de la tragedia.