Revelador: cuánto incide la cantidad de delitos cometidos por adolescentes

La Libertad Avanza y sus aliados lograron el martes de la semana pasada en la Cámara de Diputados un dictamen para bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. El proyecto quedó listo para ser tratado en el recinto y contempla una pena máxima de 15 años para delitos graves. Además, incluye medidas alternativas como tareas comunitarias, prohibiciones de aproximación con las víctimas o medidas de reparación del daño causado. Sin embargo, de acuerdo a información del Poder Judicial  y del Gobierno de Mendoza, a la que tuvo acceso MDZ, los datos sobre hechos delictivos cometidos por adolescentes son insignificantes, al contrario de lo que cree un gran sector de la población y que los legisladores ponderan como argumento para el proyecto. En otras provincias, la situación es similar. 

Actualmente, la edad de punibilidad es a partir de los 16 años; es decir que quienes tienen menos de 16, no pueden ser juzgados. Este requisito se estableció por el Régimen Penal de Minoridad promulgado en 1980, en los últimos años de la dictadura militar. Los adolescentes de entre 16 y 18 años tampoco son juzgados por el mismo sistema que las personas adultas. Sólo pueden ser castigados, es decir son punibles, quienes cometan delitos con penas mayores a 2 años. Además, por tratarse de personas en formación, se considera a la privación de la libertad como una medida excepcional, solo aplicable en última instancia y siempre en institutos especializados, en el caso de Mendoza, en el exCose, actual Unidad de Internación de la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil. 

El plenario de las comisiones de Legislación Penal; Familias, Niñez y Juventudes; Justicia; y Presupuesto y Hacienda se reunió el martes de la semana pasada para dictaminar el proyecto de ley que propone modificar el Régimen Penal Juvenil. Finalmente, la propuesta acordada consiste en que la edad de imputabilidad en adolescentes pase de 16 a 14 años. Por lo tanto, la Cámara Baja lo puede tratar en el recinto. Después si es aprobado, pasará al Senado para convertirse en ley.

Sin embargo, los datos muestran que la incidencia de los delitos cometidos por menores es muy baja. La Coordinación del Fuero Penal Juvenil, del Poder Judicial, hizo un informe sobre los dos últimos años 2023 y 2024 en Mendoza. Allí se explicita que durante el año 2023 se iniciaron 486 expedientes tutelares derivados de causas penales con y de menores, que involucraron en total a 427 adolescentes en toda la provincia. En el año 2024 los números son similares: en todo el territorio mendocino se abrieron 462 expedientes tutelares derivados de causas penales con y de menores que involucraron a 349 adolescentes.

Respecto de la participación conjunta con adultos, los resultados no son representativos respecto de la totalidad de delitos cometidos por adolescentes en nuestra provincia. Del total de expedientes penales recibidos durante el 2023 que involucraban a menores, solamente 165 correspondían a causas que tenían participación conjunta con adultos; en tanto que la suma en 2024 corresponde a 135 causas, es decir un número levemente menor.

Otro punto relevante es la relación con los delitos, el total de expedientes trabajados por el fuero penal juvenil durante el año 2023, el 62% respondían a hechos delictivos contra la propiedad, es decir, robos y hurtos. Solamente el 6% de los casos trabajados tuvieron por motivo un delito de aquellos tipificados contra las personas, y un 9% representaron delitos contra la integridad sexual. En el período 2024 los porcentajes son levemente inferiores: 61% corresponden a delitos contra la propiedad, 5% contra las personas y 8% delitos contra la integridad sexual.

La Directora de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia de la Suprema Corte de Justicia, y Coordinadora del Fuero Penal Juvenil del Poder Judicial, Milagros Noli, que es quien elaboró el informe y dio a conocer estos datos, sostuvo en diálogo con MDZ que: "Los datos reflejan la insignificancia que tiene la cantidad de delitos cometidos por adolescentes en la provincia de Mendoza si se los compara con el resto de los hechos delictivos. Decir que han aumentado, o que cometen más delitos los jóvenes, no puede ser un argumento para sostener el proyecto de ley de baja de imputabilidad porque no hay evidencia empírica".

En ese sentido, agregó: "No estamos diciendo que no han existido hechos graves, pero no se puede tomar un hecho como si fuera representativo de una realidad cuyos números dan bajos. Además, hay que saber que este proyecto de ley no sólo marca una baja de 16 a 14 años de la edad de imputabilidad sino hay un segundo aspecto de la ley actual, que también es modificado. Hasta ahora, la norma establece que son punibles los mayores de 16 siempre y cuando el delito tenga más de dos años de prisión. Con el cambio en la norma, se contemplan penas para cualquier tipo de delitos".

Por otro lado, de acuerdo a la información proporcionada por el ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE del Gobierno de Mendoza,, la Dirección Penal de Responsablidad Juvenil tiene 29 jóvenes albergados en internación, según los datos contabilizados hasta el 5 de mayo.  .La Unidad de Medidas Alternativas a la Privación de Libertad e inclusión social trabaja actualmente con 369 jóvenes de entre 16 y 18 años, de acuerdo contempla la ley.Se trata de un abordaje territorial que reciben adolescentes que no son privados de libertad- como quienes están en internación o en residencias alternativas- y  pasan a una libertad asistida que implica un acompañamiento social, sociocomunitario, o medidas penales en territorio. Si un adolescente es imputado pero no privado de la libertad, la Justicia impone condiciones, y es el Estado que acompaña para que encuentre menos dificultades para responder a los requisitos del juzgado que lleva la causa penal.

Qué hacer con los jóvenes que delinquen 

Unicef, en su documento Ideas para contribuir al debate sobre la Ley de Justicia Penal Juvenil, sostiene que: “Es sumamente importante que Argentina tenga una Ley de Justicia Penal Juvenil en línea con los estándares internacionales. Para esto se requiere un sistema de justicia especializado con un enfoque centrado en la prevención del conflicto con la ley penal antes que la represión, y una estrategia orientada a la reinserción social que ofrezca a los adolescentes oportunidades educativas, de formación laboral y recreativas, para facilitar su inclusión en un proyecto de vida alejado del delito. Los estándares internacionales para la justicia juvenil unánimemente consagran como objetivo principal la resocialización de las y los jóvenes y la no profundización de sus condiciones de vulnerabilidad”.

En ese sentido asegura que: “La experiencia muestra que un sistema basado en los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño, que facilite la reinserción, es mejor para la sociedad porque reduce la reincidencia y la violencia y, además, en muchos casos esa clase de medidas resultan también menos costosas en términos económicos.  Una justicia especializada para adolescentes y jóvenes debe garantizar el abordaje diferenciado desde el inicio de la investigación hasta la finalización del cumplimiento de la sanción, incluyendo cada una de las instancias superiores. Esto requiere, además de la modificación de la ley de fondo, la asignación de recursos económicos y el nombramiento de jueces, fiscales, defensores y equipos técnicos interdisciplinarios, por medio de procesos de selección que contemplen efectivamente la especialización en materia de niñez y adolescencia”.

En el país, el debate viene dándose en ámbitos académicos y mediáticos, pero no había sido impulsado por el Ejecutivo como hasta ahora, con serias chances de salir aprobado. De hecho, un diputado por Mendoza, Álvaro Martínez (quien pertenece al bloque de La Libertad Avanza pero es del PRO), propuso que la edad debía bajar incluso hasta los 12 años. “La situación de inseguridad que vive la Argentina es preocupante, debido al absoluto abandono de las víctimas que han hecho los gobiernos populistas y la exorbitante protección que poseen los delincuentes que no respetan ni tienen consideración por el más mínimo derecho fundamental de las personas. El desprecio a la vida, a la libertad y a la propiedad privada se ha vuelto moneda corriente”, sostuvo el legislador mendocino al presentar el proyecto 

Hay entidades argentinas que se han mostrado en contra de la baja de la imputabilidad. Por ejemplo, la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires expresó su rechazo al proyecto que tiene dictamen en diputado por distintas razones. En primer lugar, afirmaron que “cualquier proyecto que proponga la baja de la edad de punibilidad es inconstitucional, ya que viola el principio de no regresividad en materia de derechos humanos (no se puede retroceder sobre derechos ya adquiridos)”.También señalaron que la propuesta resulta ineficaz frente al problema de la inseguridad, dado que los delitos cometidos por adolescentes son estadísticamente muy bajos. 

La Iglesia Católica, a través de la Declaración sobre la Baja de la edad de Imputabilidad: "Más oportunidades que penas. NO se trata de bajar la edad de imputabilidad, SI de asumir cambios profundo", expresó :"En medio del debate social y político respecto de la baja de la edad de imputabilidad deseamos, en primer lugar, expresar nuestra solidaridad con tantas personas que han sido víctimas de la violencia, algunas de ellas víctimas de delitos cometidos por menores de edad, en ocasiones con violencia extrema que dejan heridas difíciles de cerrar. A diario experimentamos esta realidad cuando nos toca de cerca, porque sufrimos en carne propia esta situación y también nos duele cuando las víctimas son personas queridas, familiares y hermanos de nuestras comunidades", inicia el comunicado de la Pastoral Social.

Y luego aclaró: "Ante estas situaciones dolorosas se fortalecen las propuestas que hacen foco en los menores, como si fueran los únicos y los numéricamente más responsables de los delitos. Lo que sabemos, por la estadística oficial, es que los menores no son los que más delitos cometen".

La edad de imputabilidad en el mundo

Argentina es uno de los pocos países que han mantenido el tope mínimo en los 16 años junto con Cuba. Hasta el momento, Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Venezuela conforman la lista de los países de América Latina y el Caribe que han establecido que la edad mínima de imputabilidad sea de 14 años. En el caso de España, desde el año 2000 que la edad punitoria descendió hacia los 14, pero la legislación no admite que los menores de esa edad, que delinquen, afronten sanciones penales.

Las normativas de Italia, Austria y Alemania podrían contemplar una penalización, si se demuestra que el adolescente juzgado estaba en plena consciencia de sus actos y pudiera ser capaz de comprender la gravedad de los hechos. Por otra parte, el régimen penal aplicado a menores de edad en Inglaterra comparte cierta similitud con estas condiciones, salvo que la definición de minoridad varía entre los 10 y los 17 años.