Caos en la Autopista Riccheri: dos carriles reducidos y barreras levantadas por la protesta de los trabajadores del peaje

Este viernes, desde las 6 de mañana, trabajadores del peaje se volvieron a manifestar en la Autopista Riccheri, en reclamo por la pérdida de empleos y la falta de indemnizaciones tras el fin de la concesión vial operada por Caminos del Río Uruguay S.A. (CRUSA).

De acuerdo con Noticias Argentinas, los manifestantes se congregaron en la autopista, sentido a Ezeiza, donde las barreras se encuentran levantadas, por lo que no se están cobrando los peajes, y dos carriles reducidos. La medida de fuerza también generó demoras en el tránsito hacia la Ciudad de Buenos Aires.

La protesta se produjo luego de que Vialidad Nacional asumiera el control de la concesión, en el marco de un proceso de estatización que dejó a 500 trabajadores sin empleo, según denunció el Sindicato Único de los Trabajadores de los Peajes y Afines (SUTPA).

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En diálogo con Urbana Play, Florencia Cañabate, secretaria general de SUTPA, informó que la medida consiste en liberar las barreras y disminuir el número de vías operativas en los peajes, afectando parcialmente la circulación. “Hay cuatro vías menos, pero tenés 14 por donde pueden transitar los vehículos. Los peajes de todo el país están liberados”, señaló.

En declaraciones radiales, Cañabate aseguró que el gremio decidió manifestarse en el lugar de trabajo para visibilizar lo que describió como una situación crítica. La dirigente sindical advirtió sobre la “imprevisibilidad” y la “falta de responsabilidad” en el proceso de privatización de Corredores Viales, empresa estatal que gestiona rutas nacionales.

La protesta también denuncia que los trabajadores de Corredores Viales perciben una paritaria inferior en un 20% respecto al resto del sector y que no se cumplen condiciones básicas de seguridad e higiene. Según la dirigencia sindical, si no se corrige el rumbo, la situación podría afectar a otros 3.500 trabajadores.

Por su parte, Facundo Moyano, secretario adjunto de SUTPA, indicó que los empleados afectados por el fin de la concesión de CRUSA no fueron formalmente despedidos ni recibieron indemnización. Además, criticó que el Gobierno haya transferido la concesión a Vialidad Nacional, a la que calificó como “una entidad manchada de corrupción”.

En un comunicado titulado “Crónica de una crisis vial anunciada”, el sindicato cuestionó la decisión del Gobierno de estatizar la concesión sin un plan claro y sin convocar a una nueva licitación. La nota afirma que esta decisión genera un costo innecesario para el Estado al no respetar los derechos indemnizatorios de los trabajadores desvinculados.

El texto, firmado por Cañabate y Moyano, también critica que el Ejecutivo haya entregado la ruta del Mercosur a la Dirección Nacional de Vialidad, lo que implicaría que su mantenimiento deberá ser afrontado con fondos públicos.