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Ciudadanía italiana: cómo afectan los cambios a los argentinos

Dado el nuevo decreto, muchos descendientes de italianos en nuestro país ya no podrán acceder a la codiciada documentación.

No es ninguna novedad que muchos argentinos buscan tramitar su ciudadanía italiana. Ya sea con la intención de vivir en Italia o en cualquier otro país de la Unión Europea, este documento se ha convertido en una llave para un anhelado cambio de vida, buscado por mucho en un contexto de crisis económico y social en nuestro país.

Gracias a las distintas oleadas inmigratorias de italianos a Argentina, una gran parte de la población tiene ascendencia italiana y, por ende, la posibilidad de solicitar este derecho por vía sanguínea. Sin embargo, un nuevo decreto emitido por el gobierno de Giorgia Meloni podría cambiar drásticamente el acceso a esta ciudadanía para miles de argentinos.

Un nuevo decreto cambia el trámite de la ciudadanía italiana. FOTO: archivo.

¿Cómo afecta el nuevo cambio a los argentinos?

Hasta el momento, cualquier persona que pudiera demostrar tener un ancestro italiano tenía la posibilidad de solicitar la ciudadanía italiana por ius sanguinis. Este sistema permitió que millones de descendientes de italianos en Argentina y otros países sudamericanos accedieran a su pasaporte europeo.

Sin embargo, el nuevo decreto establece un límite más estricto: solo podrán tramitar la ciudadanía italiana aquellas personas que tengan al menos un padre o un abuelo italiano. Es decir, los descendientes de bisabuelos o generaciones más lejanas quedarían excluidos. La justificación oficial, según el ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, es que el sistema anterior estaba siendo abusado y generaba una gran demanda que colapsaba los consulados, especialmente en Sudamérica. Tajani remarcó que "ser ciudadano italiano es algo serio, no es un juego para obtener un pasaporte que te permita ir de compras a Miami".

El Gobierno de Giorgia Meloni busca restringir la emisión de ciudadanías italianas por la alta demanda en consulados de Sudamérica. FOTO: archivo.

Este decreto, sin embargo, no es definitivo. Para que la medida entre en vigor de manera oficial, debe ser ratificada por el Parlamento italiano en un plazo máximo de 60 días. En caso de que no obtenga la ratificación, perdería efecto retroactivamente. No obstante, el gobierno de Meloni cuenta con los votos suficientes para la aprobación de la reforma y podría recurrir a la "cuestión de confianza" para garantizar su implementación.