Detenidos tras la marcha: masiva liberación y enojo del Gobierno

Este miércoles, durante la marcha de los jubilados frente al Congreso, se detuvieron a un total de 124 personas. Horas más tarde, la titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°15, Karina Andrade, pidió la liberación de 114 de ellas. 

Actualmente, ya se encuentran fuera de detención 94 personas, 71 hombres y 23 mujeres, las cuales fueron apresadas por la Policía de la Ciudad. La mayoría se encontraban aprehendidas por atentado y resistencia a la autoridad

“A raíz del pedido de la defensa, he analizado la información que fue brindada y entiendo que respecto de las detenciones informadas se encuentra en juego un derecho constitucional fundamental como es el derecho a la protesta, a manifestarse en democracia y a la libertad de expresión, en un día como hoy donde se convoca desde los sectores más vulnerables de nuestra Nación como son los adultos mayores protegidos convencionalmente, desde el Poder Judicial corresponde atender a ello especialmente", argumentó Andrade en la resolución.

“Considero que, sin perjuicio de no emitir opinión respecto de la aplicación del derecho de fondo, o a la investigación que podrá continuar la fiscalía, la complejidad de derechos en juego para informar y determinar la existencia de una conducta penal impide la aplicación del trámite de flagrancia. Por lo tanto, para darle mayor celeridad a la ejecución de la resolución, se adelanta este extracto y dispongo la inmediata soltura de los detenidos informados con relación a los sucesos en el Congreso de la Nación”, continuó la jueza. 

Por su parte, según el documento que publicó el Ministerio de Seguridad, la Policía Federal detuvo a 25 personas, 21 hombres y 4 mujeres. En cuanto a los heridos, se contabilizan en 26 los heridos por parte de las fuerzas de seguridad, mientras que por el lado de los manifestantes, son 20 las personas que sufrieron algún tipo de lesión. 

La reacción del Gobierno

La decisión de la jueza Andrade no cayó para nada bien en el Gobierno. Durante una entrevista radial, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, afirmó: “Debe funcionar la aplicación de la ley con más dureza y si detienen a 130 o 140 personas y a las pocas horas una jueza dice que estaban defendiendo derechos y los libera. Es muy difícil combatir la violencia organizada”.

Por su parte, el vocero presidencial, Manuel Adorni, cuestionó la decisión de "liberar a los 114 detenidos que junto a muchos otros ayer destruyeron la Ciudad de Buenos Aires y atacaron a las fuerzas de seguridad" y sentenció: "La justicia de la puerta giratoria es responsable directa de la inseguridad en la Argentina. Los que militan la impunidad en cada fallo también son cómplices".

También se sumó a las críticas el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, que remarcó que "los barras bravas son criminales organizados que ayer fueron al Congreso a destruir todo lo que tuvieran a su alcance y agredir a la policía".

"No se trató de una protesta ni del ejercicio de la libertad de expresión, se trató de delincuentes cometiendo delitos a la vista de toda la sociedad", enfatizó el abogado, que luego apuntó contra la jueza Karina Andrade. "En lugar de investigar quien envió a esos barras a sembrar el caos, decidió liberarlos en menos de 8 horas. Se analizará su actuación ante el Consejo de la Magistratura de CABA por posible incumplimiento de sus funciones", disparó.