Ni una menos se pronunció en contra de la "criminalización de luchadoras"

El colectivo Ni una menos Mendoza realizó este lunes una conferencia de prensa en la Legislatura en apoyo a las dirigentes sociales, políticas y sindicales “procesadas por ejercer su derecho a la protesta”. Desde el espacio exigieron la no elevación a juicio y argumentaron que protestar no es delito.

Por la mañana, se llevó a cabo la audiencia de elevación a juicio de diferentes dirigentes sociales, políticos y sindicales imputados por violación del artículo 194 del Código Penal por entorpecimiento del transporte durante diversas manifestaciones. Entre ellos, se destacan referentes mujeres como Raquel Blas, Lorena Torres, Jimena Báez y Laika Pullu.

“La criminalización se ha convertido hoy en Mendoza, de la mano de una Justicia cooptada por el gobernador Cornejo en una estrategia para suprimir la protesta social, que es legítima, para perseguir y castigar a dirigentes sociales y políticos. Como sabemos Mendoza al igual que Jujuy, CABA y otras ciudades del país, son laboratorios a menor escala para posteriormente nacionalizar en todo el territorio estos modus operandis represivos ilegales y antidemocráticos. El máximo tribunal de justicia provincial ya se ha pronunciado hace algunos años en un caso similar de criminalización de la protesta y los dirigentes políticos -caso Macho, Blas, Lorite- resolviendo que la misma no constituye delito, especialmente cuando se realiza en el marco del ejercicio del derecho a peticionar, el derecho de reunión y el de protesta”, expresaron en la conferencia de prensa. 

“Protestar, reclamar, manifestar y marchar en el espacio público no es delito. Es una condición necesaria y un derecho básico propio de un sistema democrático. Exigimos tanto al Gobierno Nacional de Milei, como al gobernador Cornejo y a la Justicia mendocina respetar nuestras libertades democráticas y derechos constitucionales, terminar con la persecución a dirigentas y dirigentes políticos y sociales, desarrollar políticas públicas para solucionar los gravísimos problemas sociales que ellos mismos generan: hambre, desempleo, desigualdad social, desmantelamiento de políticas contra las violencias”, agregaron. 

Raquel Blas, en diálogo con MDZ recordó que “esta causa es por lo mismo que las causas anteriores que tienen que ver justamente con esto de intentar aplicar el artículo 194 al ejercicio libre de la protesta social y del derecho a peticionar ante las autoridades, en una provincia que ha hecho escuela en estas cosas. Pero en una provincia, también, donde ya hay un fallo de la Corte, justamente en un caso mío, que me tuvo a mí como como condenada que dice claramente que no se puede aplicar el artículo 194 cuando se habla del ejercicio del derecho a peticionar ante las autoridades y el ejercicio de huelgas. Es un fallo que sienta jurisprudencia”. 

En el caso de Blas, la defensa solicitó que se unifiquen dos juicios que están en proceso de elevación debido a que el motivo de imputación es el mismo. “La última tiene que ver con el proceso de discusión de la Ley Bases, que hubo dos movilizaciones en Mendoza, en la segunda movilización es que aparezco imputada este año, y las anteriores tienen que ver con esa gran marcha docente de más de 30.000 personas que hubo en su momento por los salarios docentes y con una movilización pequeña, una concentración te diría yo prácticamente asamblearia en el Bustelo cuando se estaban discutiendo las paritarias del área de salud”, contó Raquel Blas respecto a los hechos por los cuales se la acusa.

“Si le sumamos a esto lo que se está criminalizando a las chicas que están en comedores comunitarios o que han reclamado por trabajo, se está tomando un gran abanico de cosas de que tiene que ver justamente con el derecho de huelga, el derecho a la pelea salarial, a las condiciones de trabajo, el derecho a peticionar ante las autoridades por leyes que modifican las condiciones laborales como es la Ley Bases y también por los derechos ambientales porque recordemos que también está imputada Nora Moyano que es una asambleísta de la Asamblea por el Agua Pura cuando fue la lucha por la 7722”, señaló la dirigenta. 

“Es muy evidente que acá lo que se intenta es que Mendoza tenga una paz de los cementerios, una paz para que todos puedan hacer sus negocios con total tranquilidad a costa de las condiciones de vida de los trabajadores y del pueblo en general”, cuestionó Blas y explicó que desde Ni una menos, entienden que las principales atacadas son las mujeres. “Acá hemos visto mujeres de las que están imputadas, con tres, cuatro niños, sostenes de familia, vendedoras ambulantes, desocupadas. Efectivamente, las injusticias siempre nos impactan doblemente en el cuerpo, la psiquis y en la vida de las mujeres. Por eso, Ni una menos ha tomado esto como una causa del colectivo pidiendo, por supuesto, que cese la criminalización de la protesta social”, cerró.