Terrorismo de estado: auditar las indemnizaciones para cuidar los DD.HH.

Existen juicios en trámite en los cuales el Ministerio de Justicia de la Nación actúa como querellante contra aquellos sujetos que, de manera dolosa y engañosa, presentando testigos falsos y falsa documentación para que el Estado Argentino “acredite” su calidad como víctima de terrorismo de acuerdo a los requisitos exigidos por las leyes reparatorias mediante Ley N°24.411, Ley N°24.321, Ley N°25.914, Ley N°26.913, con más los beneficios de la Ley N°26.564; han percibido fraudulentamente grandes sumas en dólares, por ejemplo, por el sólo hecho de ser víctimas de terrorismo de Estado, algunos han percibido hasta más de 150 mil dólares.

Los juicios que ya tienen sentencia firme contra este actuar delictivo, ha llevado a mover el aparato estatal en favor de los Derechos Humanos y de los intereses públicos económicos, financieros y patrimoniales del Estado. Esto implica, examinar la economía para comprobar si el otorgamiento de las indemnizaciones ha recaído sobra las verdaderas víctimas de terrorismo de Estado y, si existió connivencia por parte de los funcionarios actuantes al otorgar esas reparaciones económicas a quienes no les correspondía; de ser así, les recae denuncias penales en su contra, aún más, si de ello se enriquecieron ilícitamente.

Todo delito que implique enriquecimiento ilícito en contra del Estado atenta contra el sistema democrático

Entre los delitos que se persiguen en estas causas, encontramos el de defraudación y estafa contra la Administración Pública, falsificación de documentos públicos y privados, falso testimonio, falsa denuncia. No son pocos, pero sí lo son respecto al daño irreparable que representa a la sociedad el impacto sobre los Derechos Humanos que deben estar garantizados por el Estado y esto, no sucedió.

Los actuales funcionares públicos frente a incluso, la presunta comisión de un delito por parte de otro funcionario, por ley, están obligados a denunciar caso contrario, ellos mismo estarían incurriendo en el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público (Ley N°25.188). Por lo tanto, ante la presencia de estos delitos, que hoy se radiquen las denuncias en sede judicial, no constituye una maniobra política sino un deber y obligación legal.

El hecho de que ya se haya otorgado la calidad de víctimas de terrorismo de Estado a quien no correspondía y estén cobrando el beneficio de ley, no implica que hoy, los funcionarios que están a cargo de investigación ya sea por auditorias o cualquier otro mecanismo y de radicar las denuncias contra ellos, estén autorizados a violar las leyes de reparación justificando que al haber existido casos en los que se pudo probar una serie de delitos contra el Estado, el resto de las personas que tienen legalmente la calidad de víctima de terrorismo de Estado, que están siendo beneficiados a los que no se les ha probado delito alguno ni se los ha denunciado, ni se ha tramitado un juicio en contra de ellos y no se pronunciado ningún juez mediante sentencia firme; dejen de percibir la reparación que por ley les corresponde.

Las leyes de reparación están vigentes por lo que surte efecto y obliga a cumplirse

Los funcionarios públicos están obligados a cumplir y hacer cumplir la ley por manda constitucional y a afianzar la justicia, implica, no violar la ley, ni siquiera frente a sospechas. Las auditorías para proteger la economía, las finanzas, los bienes, el patrimonio del Estado, debieron estar siempre activas en todos los sistemas de gestión y en todos los gobiernos. Nuevamente y de penosa forma, están los Derechos Humanos en jaque siendo equiparados al mismo nivel que los actos de corrupción. De ninguna manera, quienes tienen a cargo sanear la sociedad a través de la administración de justicia debieron haber permitido que esto sucediera.

El saneamiento de las instituciones del Estado depende de la celeridad, independencia e imparcialidad por parte de los jueces. Si los jueces continúan dependiendo de la autorización del poder de turno para trabajar, queda entonces reflexionar que estamos
viviendo la era en la que Tomas Moro afirmó que “se educan ladrones para después castigarlos”. Aquí, se permiten que se cometan toda serie de delitos contra el Estado según el color político que ostente el poder, para después castigar estos actos que configuran lisa y llanamente, corrupción.

* Cynthia Castro. Abogada especialista en DD.HH. y crímenes de corrupción..