Un jurado popular participará en el juicio por el asesinato de bebés en Córdoba
El juez de Control Juan Manuel Fernández López confirmó en las últimas horas la elevación a juicio de la causa por el asesinato de cinco bebés y las lesiones de otros tres en el Hospital Materno Neonatal de la provincia de Córdoba.
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Los principales acusados son la enfermera Brenda Funes como autora material por la muerte de bebés y el ex ministro de Salud de Córdoba, Diego Cardozo, y otros nueve exfuncionarios. Estos últimos están imputados por encubrir, falsear pruebas o retrasar la denuncia ante la Justicia para que investigara la seguidilla de fallecimientos ocurridos entre el 18 de marzo y el 6 de junio de 2022.
De esta forma, el juez de control Fernández López confirmó las acusaciones realizadas por el fiscal de Instrucción, Raúl Garzón, y rechazó los planteos de las defensas de los acusados.
La imputación contra la enfermera Brenda Agüero es “homicidio calificado por procedimiento insidioso reiterado, en contexto de serialidad criminal (5 hechos) y homicidio calificado por procedimiento insidioso reiterado, en contexto de serialidad criminal en grado de tentativa (8 hechos)”. La pena pedida por el abogado querellante y que representa a tres familias de bebés fallecidos, es la de prisión perpetua.
A la exdirectora del hospital Materno Neonatal, Liliana Asís, se la acusa de omisión de los deberes de funcionaria pública, encubrimiento doblemente calificado por la gravedad del hecho precedente y por la calidad de funcionario público y encubrimiento por ocultamiento y destrucción de pruebas agravado por la calidad de funcionario público. Junto a Brenda Funes, que está detenida, Asís cuenta con prisión domiciliaria por razones de edad y problemas de salud.
En tanto, los exfuncionarios tienen distintas acusaciones. El exministro Diego Cardozo, el exsecretario de Salud Pablo Carvajal, la exsubdirectora médica del Neonatal Claudia Ringelheim, el exsubdirector administrativo del hospital Alejando Escudero Salama, y el exdirector de Legales del Ministerio de Salud, Alejando Gauto, y la médica Adriana Moralez fueron imputados por omisión de deberes de funcionario público y encubrimiento doblemente calificado por la gravedad del hecho precedente y por su calidad de funcionario público.
En el caso de la exjefa de Neonatología del Neonatal, Marta Gómez Flores, se la acusa de los mismos delitos que los otros exfuncionarios pero también se le atribuye falsedad ideológica.
En tanto, a la exjefa de Enfermería del Neonatal, Alicia Ariza, se la acusa de omisión de deberes de funcionaria pública y a María Alejandra Luján, médica del Neonatal, se le atribuye omisión de deberes de funcionaria pública y falsedad ideológica.
Los argumentos del juez
En la confirmación de la elevación a juicio, Fernández López señala que en la investigación fueron probadas las fallas en los controles internos del esquema institucional, lo cual sostiene las imputaciones contra la enfermera y los exfuncionarios, de los cuales enfatizó la demora en cumplir con la obligación de denunciar la muerte de bebés ante la Justicia.
Ante la resolución del juez de control, el abogado defensor de Brenda Funes, Gustavo Nievas, expresó: “Celebramos la elevación en un juicio unificado, donde van a estar todos en una misma Cámara con jurado popular, tanto a ella como el resto de los exfuncionarios. Nosotros queremos que se sepa la verdad, no solo por las mamás de los bebés sino también a la familia de Brenda, que es una persona que no tiene antecedentes penales ni psiquiátricos, y no hay prueba directa de su participación en los actos”.
En declaraciones al programa Arriba Córdoba sostuvo que "hay líneas que no se investigaron como la desaparición de partidas de remedios, donde puede haber algunos vencidos, adulterados e incluso experimentales; la modificación de la escena del crimen, porque el centro obstétrico fue desmantelado”.
Los acusados podrán apelar la resolución de elevación a juicio ante la Cámara de Acusación. Si ninguno de los imputados apela, se sorteará la Cámara en la cual se llevará adelante el juicio oral y público que podría realizarse en la segunda mitad de este año, con un jurado popular compuesto por 12 ciudadanos comunes que escucharán cada testimonio y colaborarán con el tribunal para dictar sentencia.