La contundente decisión que tomó la UBA ante el desfinanciamiento de la universidad
El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires (UBA) se reunió este miércoles y resolvió una contundente medida luego de que ayer el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) convocara a toda la comunidad universitaria a través de un comunicado a "defender la educación pública, la ciencia y el sistema universitario nacional".
El órgano de gobierno de la universidad, integrado por el rector, decanos de las 13 facultades y 5 representantes por cada uno de los claustros (profesores, graduados y estudiantes), declaró por unanimidad la emergencia presupuestaria en esa institución educativa.
En la resolución, el Consejo Superior argumentó la decisión señalando que, en las condiciones actuales, la UBA "se encuentra seriamente afectada la posibilidad de mantener toda actividad tendiente a garantizar la calidad educativa, la continuidad de la investigación, de la extensión y la función asistencial”.
“La educación pública universitaria constituye un orgullo de la sociedad argentina que se basa en los pilares de laicidad, gratuidad, autonomía, inclusión social, enseñanza con la máxima calidad académica, desarrollo de la investigación y compromiso con el entorno social, requiriendo un financiamiento adecuado para el desarrollo de sus actividades”, precisa la resolución que se conoció durante esta jornada.
Es de destacar que la Universidad de Buenos Aires enfrenta una situación crítica debido a la decisión del Gobierno nacional de prorrogar los valores presupuestarios del año 2023 al 2024, en un contexto de inflación interanual del 276%.
La medida de la administración de Javier Milei, coloca a la UBA así como al resto de las universidades, en riesgo de desfinanciamiento. Es por eso que ve comprometidas sus funciones esenciales como la educación universitaria y preuniversitaria, la investigación científica y la atención médica a más de medio millón de pacientes anuales en sus centros hospitalarios. "A la fecha, los hospitales universitarios no recibieron ningún recurso por parte del gobierno", precisó el Consejo Superior.
Por otro lado, aclaró que el presupuesto para gastos de funcionamiento asignado actualmente a la UBA para el presente ejercicio, incluyendo la actualización parcial anunciada por el Estado nacional desde el mes de marzo, "constituye un recorte en términos reales del 80%. Es decir, por cada 10 pesos que contaba la UBA en marzo de 2023, hoy tiene 2", graficó el órgano de administración de la Universidad de Buenos Aires.
Asimismo, más allá de declarar la emergencia presupuestaria, el Consejo Superior también decidió adherir y convocar a la Marcha Federal Universitaria en defensa de la educación y del sistema universitario público argentino, que se llevará adelante el 23 de abril.
De esta forma, acompañará la decisión del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), en su convocatoria a defender la educación superior, como así también a las organizaciones sindicales docentes, nodocentes, la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) y la Federación Universitaria Argentina (FUA).
Cabe recordar que para ese día está prevista una movilización a Plaza de Mayo "en defensa de la universidad, la educación y la ciencia pública" y en reclamo por un mayor presupuesto universitario.
Al borde de la cesación de pagos
Ayer, al finalizar el 91° plenario del CIN, el organismo que reúne a las rectoras y los rectores de las casas de estudios públicas convocó específicamente “a una gran demostración nacional el próximo 23 de abril” en la Ciudad de Buenos Aires, en conjunto con las representaciones docentes, no docente y estudiantiles.
En dicho encuentro que se llevó adelante en la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), en el que participaron el secretario de Educación nacional, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, las autoridades de las universidades argentinas graficaron qué tan grave era la situación que estaban enfrentado ante los escasos fondos que recibían ante un contexto de una devaluación que fue seguida de una fuerte inflación.
El lunes, un grupo de diez rectores ya habían adelantaron la situación y el pedido de una nueva asignación presupuestaria ante la comisión de Educación de la Cámara de Diputados.
A los legisladores, se les señaló que es necesaria una “urgente” respuesta por parte de los poderes del Estado nacional ya que, a esta altura del año, se ha ejecutado el 70% de los fondos del presupuesto de 2023 que fue reconducido para este 2024.
Un día después, el secretario de Educación de la administración de Javier Milei, Carlos Torrendell, les solicitó a los rectores reducir "gastos superfluos" que no estén relacionados a la inversión en calidad educativa para los estudiantes a fin de administrar mejor los escasos recursos que les envía el Estado nacional.
En tanto, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, adelantó que el Gobierno nacional planea una reforma del sistema universitario y el diseño de un presupuesto para la educación superior en el que no se aceptará "arbitrariedades" y se ejercerá control exhaustivo de las erogaciones, para evaluar si las mismas están justificadas o no.
El tono del anuncio fue receptado con una firme respuesta de las autoridades universitarias, quienes precisaron que en las respectivas casas de altos estudios no existen "gastos supérfluos" y que están al borde de la cesación de pago en servicios básicos como la luz, el gas, o la limpieza de los edificios universitarios.