La UBA lanza campaña de firmas para frenar el ajuste de Milei
Las autoridades de la Universidad de Buenos Aires (UBA) volvieron a mostrar su preocupación por la falta de presupuesto para garantizar la continuidad de sus funciones en docencia, investigación, salud y extensión; así como las actividades a desarrollar en el ámbito de sus Facultades, de sus Colegios preuniversitarios, Hospitales y en todas sus instalaciones universitarias.
Frente a ello y bajo el lema “Cuidemos lo que funciona. #SomosUBA” lanzaron una campaña de recolección de firmas contra la política de recorte de fondos impulsada por el Gobierno de Javier Milei, a la que se puede acceder desde este link, y un video institucional para concientizar sobre la importancia y el valor académico de la UBA.
“Si el Gobierno sigue con esta política de no autorizar los fondos, a medida que vaya pasando el tiempo, la UBA va a tener que dejar hacer muchas de las cosas que hace. Hay centros de investigación como el Cero + Infinito, de Exactas, que el Gobierno decidió cortar unilateralmente un convenio para financiar el mantenimiento por los primeros 10 años. Hoy esas son las cosas que empiezan a crujir su funcionamiento, como los laboratorios, los centros de investigación”, indicó a Radio Mitre el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires y dirigente del radicalismo, Emiliano Yacobitti.
Días atrás, el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires realizó una sesión extraordinaria en la que manifestó "extrema preocupación" por la situación de la casa de altos estudios. En un comunicado, exigieron una actualización, acorde a la crisis, del presupuesto que se destina a los gastos para el funcionamiento de la institución, por lo que piden una actualización de partidas vinculadas a salud, paritarias docentes e investigación.
La UBA pidió "la actualización del presupuesto destinado a los gastos de funcionamiento de la Universidad, así como también la asignación y actualización de las partidas vinculadas a la función salud, vitales para el funcionamiento de los Institutos Asistenciales".
El decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, Guillermo Durán, habló con MDZ y explicó que en su facultad cuentan con la misma suma de 220 millones de pesos que se les asignó el año pasado. "Para funcionar bien, necesitamos el triple para cubrir el año. Con lo que tenemos ahora llegamos hasta abril y mayo", indicó el académico.
Según indicó Durán, en esta dependencia de la UBA, trabajan 500 no docentes, 1.500 docentes y alrededor de 500 investigadores del Conicet, sin contar a los que también ejercen un rol en las aulas. Todo este personal, forma parte de las doce carreras de grado que se dictan allí: "Nuestra facultad es casi el 10% de la ciencia en nuestro país".
Si no hubiera respuestas por parte del Gobierno, desde la UBA indican que no van "a hacerle el juego a este mensaje del ajuste permanente que tiene poco sentido". Además, indicaron que, mantendrán el "estado de alerta y movilización permanente, planteando que el Gobierno debería escucharnos si quiere que haya una universidad pública funcionando como corresponde", si se mantiene esta posición con respecto al presupuesto.
El problema presupuestario de la Universidad se planteó a partir de la decisión del Gobierno nacional de prorrogar los valores del año 2023 al 2024, en el marco de una inflación interanual del 276%. Esto produce que la UBA entre en serio riesgo de desfinanciación durante los próximos meses.
Días pasados, se anunció desde fuentes oficiales un 70% de incremento para “gastos de funcionamiento de las universidades nacionales”. Sin embargo no se explica que estos costos operativos a los que apunta la medida, alcanzan solo al 10% de los gastos que debe afrontar la Universidad para su normal funcionamiento. Esta situación se agrava si pensamos que la UBA, además, tiene a su cargo más de 71 institutos de investigación y 6 centros hospitalarios que atienden a más de medio millón de pacientes por año.
La campaña hace eje, justamente, en que el congelamiento presupuestario redundará en menos clases, menos calidad académica, menos edificios, menos becas, menos servicios en los centros de salud, menos investigación científica y menos seguridad en las facultades.
