Se agudiza el reclamo a la DGE de más de 600 docentes que tienen impedido trabajar

Docentes de diferentes niveles y modalidades atraviesan una grave situación al no poder trabajar por la negativa de la DGE, particularmente del Área de Salud Laboral, para ejercer darles el apto físico. El reclamo se agudiza y ha derivado en denuncias por discriminación, maltratos y violencia y por obviar la opinión de otros profesionales de la salud ponen en jaque a algunas funcionarias y funcionarios del área. Es que hay casos en los que se ha negado el acceso al trabajo a personas por tener problemas de salud que, al ser mencionados de manera peyorativa, generan discriminación. "Una se sometió a un Bypass gástrico porque no le daban el apto por obesidad y para cuando volvió a salud laboral y luego de haber descendido más 60 kilos le devolvieron nuevamente un no apto por cuerdas vocales", explicó una de las voceras.

Ahora, desde la DGE prometieron un encuentro con una representante del Ministerio para escuchar los reclamos. 

Las dificultades a la hora de obtener el apto físico se repiten. La mayoría de las afectadas son mujeres y los principales motivos por lo que se les niega la posibilidad de trabajar frente al aula -para lo cual todas dedicaron años de su vida estudiando- son por malnutrición (sobrepeso) y problemas en las cuerdas vocales. Uno de los puntos de conflicto es que en muchos casos al realizar interconsulta con médicos particulares  dan cuenta de que son personas aptas para la función docente, profesionales de Salud Laboral responden una y otra vez que no. 

Carta documento

Las más de 600 docentes enviaron una carta documento al ex director General de Escuelas José Thomas pero la misma no fue respondida. En la Legislatura, el caso llegó a la Comisión de Derechos y Garantía que dictaminó y logró aprobar en diputados un pedido de informes a la DGE sobre el procedimiento y criterios utilizados por los profesionales de Salud Laboral, así como la preocupación por la situación de discriminación y la falta de respuestas ante el derecho a trabajar vulnerado por el propio Gobierno. 

Tras la asunción de Tadeo García Zalazar como nuevo ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, se esperan algunos cambios en el área y las docentes afectadas esperan que esto permita traerles alguna solución. Si bien, desde la DGE aseguran que aún falta que se realicen nombramientos, el primer logro fue una primera entrevista con la secretaria del ministro.  "Hay casos, testimonios, que merecen ser escuchados. Esto tiene que detenerse. Por eso hemos solicitado al ministro la remoción de la planta de salud laboral", señaló María José, una de las referentes que fue al encuentro.

Todavía no se ha hecho ninguna presentación en la Subsecretaría de Trabajo ni se ha realizado una denuncia legal por discriminación y violencia, debido a que están esperando que se solucione por la vía administrativa. Pero "lo que surge de los testimonios es que hay muchísimos casos de violencia administrativa", señaló la docente de primaria. En el grupo que han creado, cada vez se suman más personas y hay casos muy graves. 

"Una profe contó que sufrió dos intentos de suicidio, luego que se sometió a un Bypass gástrico porque no le daban el apto por obesidad y para cuando volvió a salud laboral y luego de haber descendido más 60 kilos le devolvieron nuevamente un no apto por cuerdas vocales", contó con indignación María José. Para seguir graficando lo que viven, agregó:  "hay otro caso de una profe que le hicieron comprar un audífono y luego le dijeron que no hacía falta. Ya se lo había comprado el padre jubilado y luego la volvieron a rechazar y sigue sin apto".

El detalle del petitorio presentado al ministro

Además del pedido de remoción de la planta de Salud Laboral, las docentes solicitaron que les devuelvan el trabajo condicionado, sin acceder a artículos de licencias, ni acceso a titularidad; el cambio de leyenda del psicofísico ya que, no es admisible la calificación de "no apto" por tratarse de una connotación negativa y violenta; que se revea la obesidad como un factor de riego debido a que la Organización Mundial de la Salud no la considera una enfermedad y por lo tanto no puede ser excluyente para el desempeño de la tarea docente. También, que la legislación de la ART no atente contra los derechos consagrados por la constitución nacional y que se terminen las reevaluaciones, respetando las altas y estudios presentados.