El millonario reclamo de las víctimas a 28 años de la voladura de la planta militar de Río Tercero

La Comisión de Damnificados de la ciudad cordobesa de Río Tercero se manifestó el miércoles en Plaza de Mayo y frente a Casa de Gobierno para reclamar el pago de indemnizaciones pendientes y que fueran aprobadas por ley en 2015, por "daños morales y psicológicos" causados por la voladura de la Fábrica Militar el 3 de noviembre de 1995.

Este año se cumplirán 28 años de las explosiones que se cobraron la vida de siete personas e hiriendo a más de trescientas. En 2014, el Tribunal Oral Federal de Córdoba Nº 2 condenó a prisión a cuatro altos funcionarios de la empresa estatal Fabricaciones Militares por el delito de estrago doloso agravado por la muerte de personas. El tribunal concluyó por unanimidad que el móvil de la explosión fue el encubrimiento del contrabando de armas a Ecuador y Croacia realizado entre 1991 y 1995, durante la presidencia de Carlos Menem, que también fue procesado y falleció días antes de la fecha de audiencia.

Luego de varios años, más de 8 mil víctimas que deberían recibir esas indemnizaciones, aún no lo han hecho a pesar de que la ley fue aprobada por el Congreso.

En ese marco, la diputada nacional por Córdoba, Gabriela Brouwer de Koning (UCR-Evolución)  acompañó la protesta de los vecinos de Río Tercero, en su doble rol de representante legislativa y vecina de la ciudad. En diálogo con MDZ, expresó: "En el día de ayer, la comisión de damnificados por el atentado del 3 de noviembre de 1995 decidieron hacer una manifestación en Plaza de Mayo, por el incumplimiento del pago de la reparación. Tras la voladura de la fábrica militar, miles de personas iniciaron demandas judiciales por daños morales y psicológicos. Veinte años después de las explosiones, en el año 2015, el Gobierno decidió sancionar una ley para contemplar esta situación y pagarles una indemnización", recordó la legisladora.

Desde entonces, aseguró que no se avanzó en nada. "Mario Ponce, que es el abogado que tiene la mayor cantidad de causas, tuvo que apelar a la Justicia Federal para que la ley se reglamentara, para que hiciera el curso administrativo correspondiente y para que se pagara. Habiendo fallos judiciales a favor, y advertencias al Estado por el incumplimiento, aún las indemnizaciones no fueron pagadas"; dijo la diputada cordobesa.

"Los damnificados ingresaron un petitorio en el Ministerio de Economía, en Presidencia de la Nación, y yo les conseguí una audiencia con el Ministerio de Defensa. Los recibió el jefe de Gabinete de asesores, Héctor Mazzei, acompañado por personal del Ministerio de Economía. Y les dijo que estaban trabajando en una solución para poder resolver este tema antes de que se termine este mandato", precisó Brouwer de Koning.

La legisladora contó que integrantes de la comisión, cuyo reclamo acompaña hace varios años, ansió que esta vez se cumpla con lo prometido "porque este atentado fue diseñado y pergeñado por el propio Estado Nacional. El Estado que debe proteger a sus ciudadanos, a nosotros en Río Tercero nos voló por los aires. Nos hizo explotar la ciudad, causando siete muertes, cientos de heridos y, por supuesto, una herida profunda que, a causa esta experiencia tan drástica y dolorosa que vivimos, que causó tanto trauma, se le asignó a los damnificados una reparación que aún no fue pagada. El Estado tiene ese dinero y lo ha priorizado a otros gastos, a otras erogaciones y no terminan de saldar la deuda que tiene con un pueblo del interior de Argentina que sufrió semejante atentado", manifestó la diputada.

Según los cálculos del abogado, se calcula que el Estado debería pagar unos $24 mil millones de pesos a los más de ocho mil demandantes que representa por daños morales y psicológicos, a razón de alrededor de tres millones de pesos por cada reclamante.

Cabe aclarar que el Gobierno Nacional indemnizó a la población por daños materiales, heridos y por las siete muertes por vía administrativa entre 1996 y 1999. Pero luego se iniciaron más de 12 mil demandas judiciales para reclamar por mayores pagos, o por nuevos rubros no considerados. De esas causas, ocho mil están incluidas dentro de la ley de 2015 y no fueron judicializadas.