Instalaciones de 100 años, materiales prohibidos y derroche: otras razones por la falta de agua en Mendoza
La infraestructura de Mendoza está obsoleta. Hay caños de agua y cloacas de hace más de un siglo y en los últimos 20 años solo se construyeron 200 kilómetros. Aún hay tendidos con materiales prohibidos. Crecen las multas por derroche y solo el 3% tiene medidor.
Recorrer el Gran Mendoza es una carrera con obstáculos: calles cortadas, fugas de agua y cloacas; carteles de cuidado y fueguitos en lata para advertir de alguna zanja abierta. Si lo que hay en la superficie es complicado, bajo la tierra es peor: infraestructura obsoleta, caños rotos y construidos con materiales prohibidos, fugas y colectoras cloacales que desaparecieron.
El 42% de las redes de agua de Mendoza están en regular o mal estado. Capital y Godoy Cruz son los que están en peor situación. Son los departamentos más “urbanos” y concentrado y también donde más se nota el desastre. En la Ciudad de Mendoza hay casi 200 kilómetros de red de agua para reemplazar de manera urgente. Muchas de esas instalaciones tienen más de 100 años, es decir se hicieron cuando gobernaba la provincia uno de los Lencinas. Sí, Lencinas y Rodolfo Suarez tienen en común el origen partidario, pues ambos fueron electos gobernadores por el radicalismo. Pero están distanciados uno del otro en más de un siglo. Sin embargo también los une la desidia que hubo en ese período: la infraestructura básica de Mendoza data de esa época y las consecuencias se sienten.
Hay falta de agua por la menor disponibilidad y eso no va a cambiar. El cambio climático hará que haya menos nieve, glaciares más chicos y reservas escasas. Ante eso, la adaptación y mitigación de los efectos del fenómeno son los caminos al alcance de la gestión y la población. En Mendoza hay malas noticias: la infraestructura obsoleta aumenta las pérdidas y el derroche crece.
Falta de acceso y peligro de contaminación
Mendoza tiene problemas con el agua que se nuclean en dos grandes grupos. Por un lado quienes no tienen acceso porque las redes no se expandieron lo suficiente y hay escasez. Y, por el otro, quienes sí tienen agua, pero con deterioro en la calidad y cantidad por la falta de inversión que se arrastró durante décadas. Ambos corren en paralelo y generan un estrés enorme. De casi 3 mil kilómetros de cañerías de agua que AYSAM tiene en toda la provincia, 405 están en mal estado y es necesario reemplazarlas de manera urgente. La mayoría son de hierro fundido y quedaron obsoletas. Otros 902 kilómetros de cañerías están en estado regular. Para tener una idea, en los últimos 20 años se construyeron solo 254 kilómetros de redes de agua, entre reemplazos y nuevas instalaciones.
No hubo hechos de alteración relevantes en cuanto la calidad, pero sí se detectaron algunos focos de contaminación. El año pasado se extrajeron 6581 muestras de agua y se les realizaron 126.876 análisis. De ese total, 1355 tenían “apartamientos de las normas de calidad” para considerarlas aptas para consumo. Entre los materiales predominantes en las cañerías aún hay muchos caños de cemento con asbesto, un material prohibido desde la década de los 70 en el mundo y de manera total en Argentina desde el 2000. El amianto, como también se lo conoce, no implica riesgo para la salud en ese tipo de estructuras, pero sí si se libera al aire. Por eso el riesgo tiene que ver con las roturas y el desentierro de los caños viejos, así como la trazabilidad cuando son reemplazados. En todo el mundo se usaron caños con asbesto, pero se reemplazan. "No hay riesgo para la salud por el consumo de agua que es transportada por caños con asbesto. El riesgo está cuando ese material, que es muy pequeño y volátil, se libera en el aire. Por eso tiene que haber un proceso especial para el reemplazo, el tratamiento cuando se rompen y el depósito final. No pueden ser abandonados. Los más expuestos son los trabajadores", explicó Sergio Saracco, médico especialista en toxicología y referente nacional en el área (es Presidente de la Sociedad Toxicológica Argentina).
Los datos fueron brindados por la empresa AYSAM, que respondió de manera profunda un pedido de acceso a la información pública.
Riesgos
En el sistema de saneamiento la infraestructura es peor en algunos departamentos. El 29% de las colectoras cloacales de Mendoza están en mal estado. Godoy Cruz es el que peor está: tiene 295 kilómetros de colectoras obsoletas, en mal estado. Por eso hay vecinos que ya se acostumbraron a ver aguas servidas desviadas hacia canales aluvionales.
La desidia se paga caro. Desde hace dos años comenzó un plan de inversión que demandará décadas para renovar las redes y mejorar el sistema. En ejecución hay más de 200 millones de dólares en obras. Y los municipios dicen estar hartos por los problemas. Es más, creen que hay un desastre latente por el desborde de las cloacas y la falta de agua.
Agua y Saneamiento Mendoza (AYSAM) es la empresa estatal que tiene a cargo la red de agua y cloacas del 80% de la provincia. Fue creada tras la intervención de Obras Sanitarias Mendoza, empresa a la que también le quitaron la concesión. Tiene 425 mil usuarios y arrastra problemas desde hace décadas. La empresa logró un equilibrio financiero, pero a costa de los anabólicos económicos dados por el Estado. Además de los aumentos de tarifas, se entregaron subsidios por 1400 millones de pesos el año pasado. Y tiene permiso para créditos externos para ejecutar inversiones, camino en el que está.
En 2022 Irrigación le dio a AYSAM 323 hectómetros cúbicos de agua para consumo humano. Es decir, casi un dique Potrerillos completo. Aumenta el consumo porque hay más población y también derroche. El agua disponible no aumentará, por la falta de disponibilidad pero sobre todo por el mismo problema de origen: la infraestructura. Solo el 3% del total de usuarios pagan por el agua que consumen y tienen medición. El 91% paga un monto fijo sin contar cuánta agua utilicen. Pues solo el año pasado se hicieron 4551 multas y el 51% fue por regar jardines. Otro 29% de las sanciones fueron por un motivo insólito: regar veredas con agua potable. El resto fue por “regar” calles, lavar autos y otros derroches.
La empresa busca que haya micromedición, pero hay dificultades. La intención es aplicar medidores de ese tipo en 20 mil usuarios. Solo se han entregado 500 medidores, pero por la restricción a las importaciones no están completos, pues le faltan aún los módulos de lectura.