La educación y la historia del debate siempre vigente

El tratamiento de la ley mostró dos maneras de concebir el rol del Estado ante el tema educativo. Distintos puntos de vista se cruzaron en la discusión relacionando la enseñanza religiosa, la escuela mixta y el control del Estado sobre la educación. La magnitud del tema sirvió además para profundizar la división interna entre los mentores de “la generación del ochenta”.

En otro contexto histórico (con diferentes aristas y manifestaciones) el tema educativo es un debate que sigue necesariamente latente, entrando frecuentemente en tensión cada vez que la discusión sobre el papel y función que debiera cumplir el Estado, se cruza con los intereses dogmáticos de algún credo confesional y traspasa la dimensión constitucional instalándose en la esfera personal e ideológica.

Pero aquel debate educativo fue más allá que conseguir el laicismo, la obligatoriedad, la gradualidad y la gratuidad en la educación primaria Argentina. Tuvo como “misión” salvar del analfabetismo crónico a la amplia mayoría de la sociedad y quitarle al preponderante sector “acomodado” el monopolio del abecedario. Por eso era imperioso que todos fueran a la escuela, y por eso también la sanción de “la 1420” quedó inmortalizada en la memoria argentina, pues la discusión política saldó una cuestión que pronto se convertiría en un legado para las futuras generaciones. “La 1420” reflejará una de las páginas más simbólicas y representativas de nuestra historia nacional.

La historia, la política y aquellos debates en contexto

Dos posturas ideológicas servirán de base a cada sector en pugna. Una, siguiendo a los ilustrados y liberales. Para ellos el estado nacido del pacto inicial entre los hombres tenía la obligación de garantizar la libertad a través de las leyes, promover la equidad distributiva de la riqueza y alentar un sistema educativo basado en inculcar en los niños un fuerte sentimiento de amor por la colectividad. Podría ser una síntesis de lo que Rousseau planteaba en su “Contrato Social” o cuando en “Emilio, o de la educación” (1762), el mismo autor sostenía que “la educación tiene como objetivo formar un hombre libre, el desarrollo de la intuición y del sentimiento”.

Por otro lado, la posición católica a partir del Papa Pio IX en su “Syllabus” (1864), subrayando los errores de la modernidad y la subordinación del Estado a la moral cristiana, además de la existencia de derechos naturales anteriores al Estado e independientes del mismo, condenando fuertemente la separación entre la Iglesia y el Estado. Irreconciliables. Desde ahí, un camino que devino en debate. Y un debate político que concluyó en ley.

“El ochenta”

Veníamos desde aquel tiempo de Sarmiento presidente, donde las provincias con apoyo nacional fundaron 800 escuelas, alcanzando el país un total de 1.816 establecimientos escolares, de las cuales el 27 % eran privadas. Mientras que la población escolar se elevó de 30.000 a 110.000 estudiantes. Fue también el tiempo donde se abrieron las puertas de la Escuela Normal de Paraná (1870), paradigma del “normalismo”.

Referencias importantes arrojaran los censos nacionales. El CN de 1869 nos mostrará un índice de analfabetismo del 78 % de la población. El censo de 1895, a 11 años de sancionada la ley 1420: 54% de analfabetismo. Habiendo crecido la población de 1. 877.490 (CN 1869) a 4.044.911 en 1895.

Por ende, para fomentar el proceso inmigratorio, la idea de desarrollar la industrialización y de estimular el trabajo en el campo, fue necesario ocupar la educación como una herramienta para lograr esos objetivos. Así la escuela se convirtió en el instrumento imprescindible para incorporar en la población un conjunto de valores ciudadanos emanados de la modernidad, mientras que paralelamente se iniciaba un ciclo de “argentinización” para reafirmar las referencias históricas propias.

El debate por la educación ya estaba instalado. Desde posiciones que nacieron irreductibles. Luego devino la pérdida para la Iglesia católica de sus potestades con relación al control del registro civil, matrimonios, cementerios y educación. El Estado pasó a controlar los actos más destacados del ciclo vital humano. Hasta 1880 la Iglesia Católica registraba exclusivamente los nacimientos, los enlaces conyugales y las defunciones. Para los dirigentes liberales, la religión debía salir del espacio público para reducirse a la conciencia en el ámbito privado. Claramente había ahí una pelea por el poder.

Dicho paquete de leyes agudizó profundamente el enfrentamiento entre el sector liberal gobernante y los católicos. A la convocatoria de un Congreso Pedagógico, le siguieron fuertes discusiones que encontraron en los medios periodísticos verdaderas tribunas ideológicas que defendían una u otra posición. Un hecho bisagra fue la queja por medio de una carta del Nuncio Apostólico Monseñor Mattera al gobierno nacional por la manera que era tratado por algunos diarios. El diario “Tribuna Popular” acusaba a Monseñor Mattera de inmiscuirse en asuntos internos de la nación. Mattera solicitó en su misiva el cierre y clausura del diario. La respuesta del gobierno fue: devolverle la carta enviada y el pasaporte, expulsándolo del país.

Un diario referencial del pensamiento católico fue “La Voz de la Iglesia”. Desde ese medio José Manuel Estrada y Pedro Goyena, adalides de la posición religiosa, atacaron la política educativa nacional constantemente. Además de ser un órgano de difusión, fue el motorizador de grandes convocatorias, concentrando todos los discursos emanados de la Asociación Católica de Buenos Aires y un impulsor de la creación y acciones del partido político “Unión Católica” (primera experiencia de un partido político confesional). “Los sentimientos y creencias religiosas serán banderas políticas”; sostenía su primer postulado.

“La Ley”

Debido a las fuertes presiones, la ley no mencionó el carácter laico de la educación, pero dispuso y permitió que la educación religiosa fuera considerada opcional (con autorización de los padres, dictada fuera del horario escolar). La escuela pública estaría al alcance de todos los niños, medio fundamental para el acceso a un conjunto mínimo de conocimientos, también estipulados por ley. Importante fue que los padres se verían obligados a enviar a la escuela a sus hijos. Por último, la formación de maestros, el financiamiento de las escuelas públicas y el control de la educación (privada o pública) también quedaría en manos del Estado.

La 1420 tuvo una vigencia normativa centenaria, e instaló hábitos y prácticas que llegaran a nuestros días. Se multiplicaron por miles las librerías y los gobiernos se vieron obligados a crear bibliotecas públicas en todo el país. También potenció el rol político del Consejo Nacional de Educación y los consejos de circunscripciones. Nada más, ni nada menos que Sarmiento, tras ser presidente ocupó esos espacios.

La educación como derecho

La Ley 1420 fue la piedra basal del sistema educativo argentino. No solo logró formar a los ciudadanos para obtener igualdad de posibilidades entre los habitantes de Argentina, sino que además garantizó la unión del país en el aspecto pedagógico a lo largo de su vigencia. La escuela y el maestro fueron el aglutinante imprescindible del nuevo tejido social. Desde ahí, la familia vio a la educación como la perspectiva de su crecimiento ciudadano.  

Y no solo el Estado se convirtió en el responsable de la educación pública, sino que por sobre todas las cosas, estableció derechos insustituibles para todos los residentes en el territorio nacional. En el fondo, “La Ley” derribó los muros sociales preestablecidos por décadas acercando posibilidades para lograr la verdadera emancipación personal a través de la educación.