Llegaron los gendarmes a Rosario, pero la Provincia sigue reclamando ayuda a Nación

En Santa Fe nadie lo admite públicamente, pero por lo bajo, tanto desde el oficialismo como la oposición, reconocen que “se tocó fondo” respecto a los homicidios, la inseguridad y el enfrentamiento armado entre bandas narcocriminales. En lo que va del año se cometieron 70 homicidios solo en Rosario. El combo se completa con el Laissez faire, “dejar hacer, dejar pasar” que propone un sector de la policía.     

A menos de una semana de la llegada de 400 agentes federales, 300 gendarmes y 100 policías, no pudieron aplacar el nivel de violencia que se respira en Rosario. La tranquilidad de los vecinos fue solo un suspiro. El mismo miércoles que el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, llegó a la ciudad para presentar las fuerzas se produjo un tiroteo en un comercio ubicado en barrio Los Pumitas, a metros del lugar donde fue asesinado Máximo Gérez, niño de 11 años asesinado al quedar en medio de una ráfaga de balas.   

Como si todo esto fuera poco, 48 horas después, se conoció otra noticia que recorrió los medios de comunicación del mundo: el capo narco rosarino Esteban Alvarado planeaba fugarse de la cárcel de Ezeiza en un helicóptero. Como en las series, pero real. La maniobra fue descubierta a partir del trabajo de inteligencia que realizó personal de la Policía Federal y el Servicio Penitenciario Federal (SPF), que logró el secuestro de la nave y la detención de cuatro personas, integrantes de la organización.  

“Alvarado no es un nene malo. Alvarado es producto de la complicidad estatal con el crimen organizado”, le dijo a este cronista el fiscal de Rosario, Luis Schiappa Pietra, quien llevó adelante la causa por la que el capo narco quedó preso en Ezeiza.  

Y siguió: “Santa Fe lo que tiene es una crisis política terrible, que le ha dificultado la toma de decisiones estratégicas y conscientes y eficaces en materia de seguridad pública”, explicó Schiappa Pietra, que lidera la Agencia de Criminalidad Organizada del Ministerio Público de la Acusación de Rosario. “El elemento ordenador de todo esto, es la política, no podemos seguir ocultando el gran conflicto que es político".  

En un año atravesado por lo electoral y quizás como no se dio en otras oportunidades cuando se buscaba obtener algún tipo de redito o especulación, esta vez, la dirigencia política, provincial y nacional, parece que sintió el impacto. El drama arrastra a todos, incluso a ellos. Los que están hoy y los que vendrán a partir de diciembre. Que probablemente sean los mismos, pero con otros roles y responsabilidades. Mientras el Estado se paraliza y se ve impotente, el delito narco crece. Y quedó evidenciado con el avance que tuvo en la última década, en detrimento de la asistencia y ayuda gubernamental.  

El tibio “algo más habrá que hacer” que formuló el presidente Alberto Fernández se tradujo en el envío de gendarmes a Rosario que reclamó durante muchos meses el gobernador Omar Perotti. Todavía se aguarda la llegada del ejército con “picos, palas y sin armas” para urbanizar los barrios más postergados de la ciudad.  

En ese sentido, se logró un avance importante entre Nación y Provincia al poner en marcha la oficina de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) con la mirada puesta en el lavado de activos proveniente del narcotráfico. El convenio permite poner la mirada en el plano financiero de las bandas narcocriminales.  

Otro de los reclamos en los que Santa Fe insiste y reclama a la gestión de Alberto Fernández es en la necesidad de reforzar en la estructura de la Justicia Penal Federal. La iniciativa la presentó en mayo del 2022 el diputado del Frente de Todos, Roberto Mirabella, pero recibió el acompañamiento del radicalismo, el socialismo y Cambiemos. Se propone, entre varias cuestiones, la creación de 27 puestos de fiscales para Rosario, que permitirían procesos más ágiles y rápidos. Diez meses después, la iniciativa todavía no pudo llegar al recinto del Congreso.  

“Necesitamos que todas las fuerzas políticas del Congreso acompañen con hechos concretos", indicó Omar Perotti y pidió “dimensionar lo que hay que enfrentar. Tiene que hacerlo desde un piso mucho más alto de coincidencias y menor enfrentamiento".

En ese contexto, otra de las propuestas que Santa Fe llevó al Congreso de la Nación es trasladar el ministerio de Seguridad a Rosario. La idea está enmarcada en la ley de Capitales Alternas, que permite al Ejecutivo trasladar sedes de sus organismos ante situaciones que lo ameriten.  

Las cárceles, provinciales y federales, es otro de los focos de debilidad. Tiempo atrás alcanzaba con detener, enjuiciar y meter preso a los delincuentes. Eso, al parecer, se terminó. Los integrantes de las bandas narcos privados de su libertad siguen ostentando poder territorial y económico incluso detenidos. Desde sus celdas planean asesinatos, ajustes de cuentas y balaceras.   “La cárcel es donde se organiza el 95 por ciento de los hechos, es donde el home office del delito opera con libertad”, reclamó el intendente de Rosario, Pablo Javkin al ser consultado por el intento de fuga de Alvarado.  

“Hay que ser firmes”, enfatizó el intendente de la ciudad del sur provincial y recordó la polémica en torno al acceso de parte de los internos a teléfonos celulares y conectividad. En ese sentido también se manifestó José Corral, integrante del directorio del Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom) por la UCR, quien pidió que se dé de baja el programa de conectividad para el Servicio Penitenciario.  

La ciudad de pobres corazones que describió Fito, convive entre tiros, muertos, balaceras, lujos y profundas desigualdades que fueron el germen para la violencia, la ilegalidad y marginalidad. Acotar los márgenes, si se quisiera, no es sencillo ni rápido, pero Rosario lo necesita y rápido.