“El derecho a la protesta puede tener distintas modalidades y todas están garantizadas y protegidas"

Este miércoles habrá protestas en distintos puntos del país en contra de las primeras medidas del Gobierno de Javier Milei. En este contexto, durante las horas previas se anunció que “el que corta una calle no cobra ayuda social”, lo que generó gran desconcierto ya que – se interpreta – el Estado estaría interfiriendo en el derecho a protesta, que es constitucional.

Andrés Gil Domínguez, abogado constitucionalista, explicó en MDZ Radio 105.5 FM: “Es muy importante distinguir entre protesta pacífica, que puede tener varias modalidades, entre ellas el corte de arterias o vías de circulación, que es un derecho. Y la protesta violenta, que no es un derecho y está penalizada en el Código Penal”.

“Si la protesta pacífica es un derecho contemplado en nuestra Constitución, en Tratados sobre Derechos Humanos que tienen jerarquía constitucional, el Estado debe garantizarlo. Hace falta reglamentarlo de manera tal que se pueda ejercer este derecho con ciertas limitaciones que permitan el derecho a la circulación”, indicó.

Además, insistió: “Un primer problema es que cualquier tipo de reglamentación se tiene que hacer con una ley en el Congreso, no a través de una resolución ministerial. El segundo problema es que, si se parte del presupuesto que la protesta pacífica no es un derecho y es un delito, se están desconociendo los estándares interamericanos sobre la base de entender que es una libertad de expresión”.

“Cada vez que se realice una protesta pacífica que incluya cortes de calle van a interponer un habeas corpus preventivo. Me imagino que ante la realización de estas protestas, si uno queda detenido y se inicia un proceso legal, también van a haber planteos de inconstitucionalidad”, opinó y agregó: “Uno puede penalizar si en una protesta social, pacífica, se cometen delitos”.

Gil Domínguez también aclaró que las tareas de inteligencia anunciadas por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, “están prohibidas por la normativa que regula lo que es la actividad de inteligencia interna y está desconociendo la Ley de Protección de Datos. Si uno ejerce un derecho no puede estar sometido a una tarea de inteligencia por parte del Estado”.

“El derecho a la protesta puede tener distintas modalidades y todas están garantizadas y protegidas”, cerró.

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