Por qué en Córdoba no se aplicará el protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich
A menos de una semana del anuncio realizado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sobre la implementación de un protocolo antipiquetes en todo el territorio argentino, en las últimas horas en la provincia de Córdoba se precisó que por ahora el mismo no tendrá aplicación.
Si bien distintas agrupaciones políticas y movimientos sociales también realizarán piquetes este miércoles 20 en la Ciudad Capital, funcionarios judiciales afirmaron que el protocolo de Bullrich no regirá en Córdoba.
Como primer argumento, en la provincia mediterránea rige un fallo judicial dictado este mismo año por el juez Juan Manuel Fernández López, que en abril pasado hizo lugar al habeas corpus que los comerciantes del Centro de la ciudad presentaron ante los frecuentes piquetes y manifestaciones que se realizaban en la zona. A su entender, estas protestas afectaba los derechos constitucionales de circular y trabajar. Por tal razón, habilitó solo el corte de media calzada, habilitando la circulación.
En su fundamentación, el juez dice: “Cuando la forma de protestar implica cometer un delito (coaccionando a terceros o imponiéndoles restricciones arbitrarias a su libertad) o una contravención, ya no se está ejerciendo una petición o expresando una idea u opinión, sino, más bien, cometiendo un ilícito penal”.
Advirtiendo que el rol del Estado es garantizar la posibilidad de la protesta y la libertad de expresión, puntualiza que dichos derechos no deben afectar "otros derechos fundamentales de terceros” y en tal sentido, avaló el corte de media calzada. Sin embargo, sugiere en su fallo que estas marchas podrían hacerse en plazas y parques: “Lo que resulta ilegal e inconstitucional es que teniendo a mano medios lícitos para manifestarse (en plazas, parques), eligen hacerlo con acciones que encuadran en diversos ilícitos penales, siendo el más habitual la obstrucción del transporte”.
Cabe destacar que, en conmemoración al estallido del 19 y 20 de diciembre del 2001, habrá piquetes en todo el país. En la provincia de Córdoba, varios partidos políticos, agrupaciones piqueteras y sindicatos convocaron a una concentración y movilización para este miércoles desde Colón y Cañada (Córdoba Capital) a las 18 horas.
El protocolo cordobés
Al respecto, el fiscal provincial Ernesto De Aragón indicó en las últimas horas que no toda movilización "implica la acción punitiva"; es decir, constituye un delito por sí mismo. Por otro lado, planteó que podría haber "inconvenientes para identificar a los organizadores y participantes" de piquetes, a quienes Bullrich advirtió que se les aplicaría una dura sanción.
"El tema no es el corte de calle en sí sino la comisión de un delito, que a veces no coincide una cosa con la otra. Esto no es simplemente participar de una manifestación, sino cometer un delito en el marco de esta manifestación", aclaró De Aragón.
“Vamos a seguir aplicando las normas que aplicamos en Córdoba. Si llegara a surgir algún incidente y, por ello, personas individualizadas por algún delito, se remitirá la nómina al Gobierno nacional para que evalúe si corresponde o no quitar el subsidio. El criterio acá es garantizar la circulación y evitar un corte deliberado de la calzada”, insistió el fiscal. Además, dijo: "Nosotros venimos manejando desde hace varios años normas prácticas propias".
Cabe destacar que De Aragón fue el fiscal que imputó al secretario general del gremio ATE Córdoba, Federico Giuliani, y cinco referentes de las agrupaciones Polo Obrero, MTR, MST y Libres del Sur por su participación en los piquetes que tuvieron lugar en Córdoba el 5 de abril. Incluso, dicho fiscal de instrucción elevó la causa a juicio. Todos los involucrados están acusados de “desobediencia a la autoridad e impedimento u obstrucción de transporte o servicios públicos”.
Mendoza también tiene su propio protocolo
Córdoba no es la única provincia que tiene un protocolo antipiquetes. En Mendoza, se utiliza el Código de Convivencia de la Municipalidad y se ajusta el Código Procesal Penal. Sin embargo, recientemente desde el Ministerio de Seguridad provincial se confirmó que se buscarán crear un nuevo protocolo ante la proyección de un crecimiento en la conflictividad social.
El modelo mendocino data del año 2014, cuando se sancionó la Ordenanza N°3877, que es el Código de Convivencia Ciudadana. Dicha norma autoriza los "derechos de manifestación, expresión y participación en el ámbito del municipio, siempre que se realice por medios lícitos y con conocimiento de la autoridad municipal, respetando la organización pactada en referencia a horarios, itinerarios y condiciones específicas".
La normativa también especifica que "las movilizaciones y/o manifestaciones que tengan origen en un lugar distinto al indicado en el párrafo anterior deberán realizarse circulando por las veredas, respetando pasos peatonales y señales semafóricas. La infracción a la conducta descripta en este artículo será considerada como gravísima".
El procedimiento para el apercibimiento consiste en que, constatada la infracción por el inspector, se labra el acta y se la deja en el lugar a los infractores. Se da la posibilidad de descargo por 10 días. Durante ese período, se genera el expediente administrativo y la Secretaría de Seguridad Ciudadana dicta Resolución, aplicando la sanción correspondiente al Código. Si no es abonada, se pasa a apremios al área de rentas para que se pueda cobrar. Desde que se dicta la Resolución, se puede presentar un descargo durante 15 días.