Jubilaciones: qué pasará con los bonos y con los ajustes por ley

Sin lugar a dudas, uno de los principales desafíos que tiene por delante el Gobierno de Javier Milei es la supresión de los subsidios y la eliminación de la fórmula de movilidad jubilatoria, para reemplazarla -al menos en el corto plazo- por aumentos por decreto.

El frente de tormenta más sensible es el de los jubilados. Diciembre no solo marca el fin del año calendario, sino que implica el último mes en el que ese sector de la sociedad recibirá un haber ficticio, determinado por la persistencia de un sistema de bonos que desde 2022 implementó el Gobierno de Alberto Fernández para compensar el desequilibrio que provoca la ley de movilidad vigente, que implica una actualización trimestral de los haberes.

Por caso, el último bono será de $55 mil y permitirá que un jubilado que gana la mínima alcance los $213.569 (movilidad + refuerzo + medio aguinaldo). Para los primeros meses de 2024, el Gobierno no precisó si sostendrá esta política de bonos o si la reemplazará por algún otro mecanismo.

La urgencia del Gobierno por resolver este tema radica en la necesidad de comenzar a ajustar el sistema previsional argentino, en un contexto de extrema fragilidad, signado por el impacto de una inflación -que se supone irá en aumento- y la necesidad también de hacer lugar a un viejo reclamo del Fondo Monetario Internacional.

Tal como lo hizo Alberto Fernández en su llegada al Gobierno, Javier Milei también buscará eliminar la Ley de Movilidad para lo cual deberá enviar al Congreso un proyecto de ley para terminar con un sistema que condiciona la estabilidad de las cuentas públicas.

La fórmula en cuestión se basa en un porcentaje de incremento trimestral, el cual está determinado por la suma de dos factores esenciales. En primer lugar, se considera el 50% del aumento trimestral de la recaudación de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) por beneficiario. Este componente refleja la evolución de los recursos destinados a los diversos beneficios sociales.

El segundo factor crucial para la fórmula es el 50% de la variación de los salarios, el cual se calcula tomando el mayor valor entre dos índices específicos. Por un lado, se tiene en cuenta el Ripte (Remuneración Imponible para el Trabajador Estable), y por otro lado, se toma el índice general de salarios del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El problema central del sistema previsional

Manuel Mera, director del programa de Protección Social del Cippec, considera que uno de los principales problemas del sistema previsional se evidencia en el régimen general del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y radica en el hecho de que la mayoría de las personas trabajadoras no alcanza el mínimo de 30 años de aportes para acceder a una jubilación, en gran parte debido a los altos niveles de informalidad enquistados en el mercado laboral argentino. "A su vez, por cuestiones de diseño institucional del sistema –y, sobre todo, por desigualdades heredadas del mundo del trabajo–, esta problemática afecta desproporcionadamente a las mujeres: cada año, aproximadamente más de 150.000 mujeres cumplen 60 años y no cuentan con los 30 años de aportes requeridos (BESS, 2022)", sostiene en su propuesta de Reordenamiento del Sistema Previsional Argentino.

"En consecuencia -agrega-, esta problemática dio lugar a la aparición de soluciones intermedias como las moratorias, que desde 2005 permitieron obtener una jubilación a muchas personas que no contaban con los años de aportes suficientes (o ninguno), lo que generó un subsistema de beneficios frecuentemente denominado como 'semicontributivo'. En estos casos se destacan quienes trabajaban en la informalidad y las trabajadoras domésticas sin remuneración".

Sobre este punto, la diputada Graciela Ocaña plantea la necesidad de rediscutir la edad jubilatoria en el marco de una discusión integral del sistema previsional nacional y terminar con las moratorias ya que su criterio "son injustas para quienes aportaron" durante toda su vida.

"Lo que tenemos que hacer es resolver el problema, no agrandarlo. El sistema previsional argentino está en crisis", había dicho la legisladora que estuvo entre quienes votaron en contra de Ley de moratoria previsional sancionada este año para posibilitar 800 mil jubilaciones de personas que tienen la edad para acceder la jubilación pero no poseen 30 años de aportes.

En consecuencia, Mera acerca una propuesta basada en crear una continuidad entre los regímenes contributivos y no contributivos. "Esto implica modificar los requisitos para acceder a una jubilación y cambiar el cálculo de los haberes iniciales. El acceso a una jubilación general unificaría las dos puertas de entrada actuales (contributivo y semi-contributivo) y la PUAM", explica.

"El beneficio -cierra- estaría conformado por un componente universal fijo que abarque a todas las personas en edad de jubilarse (con un monto equivalente a 80% de una jubilación mínima) y un componente contributivo que premie los aportes realizados al sistema a lo largo de toda la vida laboral. Esto permitiría contar con una fórmula de continuidad entre un piso mínimo universal y un adicional vinculado a los aportes realizados, garantizando una distribución más progresiva que, al mismo tiempo, pueda reducir el déficit".