El Gobierno de Santa Fe denunció penalmente a una ONG por obstruir un aborto

El Gobierno de Santa Fe denunció y pondrá a disposición de la Justicia toda la información que dispone del caso en el que la ONG Grávida "intentó impedir su derecho a decidir" sobre la práctica de un aborto a una niña de 12 años abusada por su padre.

La denuncia fue radicada a través de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social; el Ministerio de Salud y el Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad.

Se trata de la presunta violación de los artículos 262 y 263 del Código Procesal Penal de Santa Fe y en cumplimiento del artículo 64 de la Ley Provincial número 12.967.

El Gobierno "presentará ante la Justicia toda la información concerniente a las intervenciones en el caso de la niña de 12 años abusada en la cual se habría intentado obstaculizar una ILE por parte de personas pertenecientes a la ONG Grávida".
El escrito no se publica en forma completa "por contener información privada y que, de difundirse, sería revictimizante para la niña y su familia".

La provincia pidió a la Justicia "que se inicie la Investigación Penal Preparatoria que permita dilucidar las correspondientes responsabilidades de quienes actuaron" en los hechos.

"La actuación del Estado comprendió acciones de contención y asesoramiento a la niña y a su madre, que tuvo como eje central la acción de informar acerca de las opciones legales que nuestro marco normativo prevé para los casos de embarazos producto de violaciones en niñas y adolescentes", añadieron en el escrito.

Además, sostuvieron que la "estrategia se reconfiguró cuando la niña y su madre dieron su consentimiento informado para proceder a una interrupción legal del embarazo".

"Nos ocupa en particular, poner en conocimiento de los órganos competentes para preparar y ejercer la acción penal la actuación de los miembros de la Asociación Civil con Personería Amigos de Grávida Santa Fe que, a través de distintas acciones, obstaculizaron el acompañamiento estatal e impidieron el ejercicio efectivo de los derechos de la niña", añadió la denuncia.

Para el Gobierno, "será una tarea del organismo competente determinar el accionar y la tipificación penal -si correspondiera- de los hechos que se introdujeron en el escrito y que obran en los relatos de todas las personas y profesionales intervinientes en dicha situación".

"Pero no puede escapar a la institucionalidad del Estado Provincial el accionar de personas de una asociación civil que, de manera explícita, se sustrae a las intervenciones legales de las agencias del Estado, obstruyendo -de ese modo- el ejercicio de los derechos de una niña", concluyeron.