La TV Pública repite la costosa fórmula de Fútbol para Todos en Qatar

Sergio Giglio y Claudio Martínez son las personas en las que Rosario Lufrano -titular de RTA- suele delegar parte de las decisiones, especialmente en temas deportivos. Ambos fueron parte de la negociación que le costará al Estado nacional unos ocho millones de dólares que ya se están pagando en cuotas y que fueron parte del acuerdo con Torneos y Competencias, empresa dueña de los derechos de televisación del Mundial de Qatar. 

Ese contrato, a valor de dólar actual ($203) suma un total de 1.620 millones de pesos que por lo que acordaron Giglio y Martínez pagará el Estado. Las fuentes consultadas del canal plantean que Giglio supo hacerse de la confianza de sus jefes y posicionarse dentro de la negociación del contrato siendo una persona de poca reputación y críticas internas frecuentes. 

Ambos viajaron al insólito sorteo de Qatar donde un equipo estuvo durante doce días, con gastos en dólares, transmitiendo lo que no suele cubrirse o que directamente se puede ver a través de la transmisión oficial del sorteo de la FIFA. Para ello se aprobó el contrato de auxiliares extras que se pagaron en dólares, sumados a un equipo que de por sí ya era numeroso y con gastos incoherentes. Allí empezó el dolor de cabeza del mundial para Lufrano.

Del contrato de televisación se pagaron por adelantado unos tres millones de dólares aproximadamente. A partir de la reconstrucción que pudo hacer MDZ con fuentes estatales, estos se van abonando todos los meses en cuotas. La estrategia no es nueva sino similar a la que aplicó Aníbal Fernández con FDT (Fútbol para Todos) años atrás y que causó pérdidas millonarias al Estado.

Se pagan los contratos casi sin negociar, se consiguen los derechos, el sector privado no se interesa y el Estado termina pagando todo con cajas del Estado. Esto es Anses, YPF, Banco Nación y las entidades públicas que se hacen cargo de la no venta de publicidad durante el torneo. 

Es decir, el Estado paga dos veces, primero a través del propio Estado y luego a través de entidades públicas que pautan a cualquier costo para emular lo que hubiera sido la comercialización del evento.

A partir de los tres millones abonados, tanto la TV Pública como Torneos comienzan a vender publicidad de igual manera pero los ingresos se van enteros para el sector privado. Recién a partir del quinto millón de dólares los ingresos se dividen con la TV Pública, según confirmaron a este cronista. “Es un negocio de la TV Pública, Giglio maneja ocho millones de dólares de contrato y todos sabemos que no es transparente. ¿Quién te asegura que ese dinero se paga como dicen, que las empresas van a invertir? Es un despilfarro de dinero", aseguraron a este medio. 

Lufrano viene monitoreando todos los movimientos de Giglio y Martínez, ya que no son días de confianza en el canal en el que la directora y parte de su equipo están imputados, investigados y hasta procesados por corrupción.