Servicios: el poder que tiene el consumidor y aún desconoce

El mes de julio llegó con varios aumentos, que incluyeron - además de las permanentes subas en alimentos - a la medicina prepaga y los cada vez más imprescindibles servicios de telefonía, cable e internet.

Un poco por la evolución de las tecnologías y otro poco por la pandemia, hoy en día todos nos hemos “digitalizado”. Gran parte de nuestra vida requiere de una conexión a Internet para llevarse a cabo - desde trabajar, estudiar e informarnos, hasta hacer compras y trámites, realizar actividades recreativas o conectarnos con nuestros seres queridos - lo que ha hecho que tanto este servicio como el de telefonía ya no sean un lujo sino una necesidad. La conectividad se ha transformado en un servicio esencial y un derecho humano, como lo son el gas, el agua potable o las cloacas.

El año pasado, esto quedó plasmado en el famoso decreto 690/20 por el cual se declaró servicio público y esencial a la telefonía fija, móvil e Internet; decreto que fue judicializado por las empresas prestadoras del servicio y objeto de diversas medidas cautelares que lo pusieron en stand by. Así, más allá de los aumentos escalonados autorizados por el Gobierno nacional y el ente regulador (Enacom), las empresas continuaron aumentando a su antojo.

En esta puja, el vicepresidente del Enacom hasta había llegado a recomendar a los consumidores no pagar los aumentos que estuvieran por encima de los aprobados, confiado en una resolución favorable a la posición del Gobierno. No obstante, el organismo dio curso recientemente un nuevo aumento del 5% retroactivo al mes de julio, el que sumado a los anteriores ya acumula entre un 20 y 25% en lo que va del año (eso es en las cifras oficiales; los extraoficiales, por supuesto, fueron mayores).

"Mientras sea posible pagar no es buena idea dejar de hacerlo ya que, de resolverse en conflicto a favor de las empresas prestadoras, el usuario se encontrará con una deuda más difícil de afrontar".

La recomendación en este caso es dejar asentado un reclamo en las empresas prestadoras rechazando los importes que excedan los autorizados por el Gobierno, así como una denuncia ante el ente regulador, asegurándose en todos los casos de documentarse mediante un número de trámite.

De este modo, cuando la Justicia termine de resolver al respecto – y en caso de que lo hiciera fallando en contra de las empresas -, tendremos una herramienta para solicitar la devolución del dinero pagado de más, junto a los intereses correspondientes. Si, por el contrario, la Justicia terminara dándoles la razón a las prestadoras del servicio, habremos evitado pagar de menos y que nos reclamen esos remanentes acumulados, con el consiguiente perjuicio para nuestros bolsillos.

Cabe aclarar que, aún con un fallo contrario a lo solicitado por las empresas y dependiendo de qué forma tome aquel, estas podrían alegar consentimiento por parte de los usuarios y no devolver las sumas cobradas de más, de ahí la importancia de dejar asentada la disconformidad. De ahí la insistencia en tomarnos el tiempo para hacer este trámite.

La gestión desconociendo todos los aumentos actuales y pasados puede realizarse vía web o telefónicamente ante la empresa prestadora del servicio, y posteriormente, con ese número de reclamo, ante el Enacom, impugnando dichos aumentos en virtud de la vigencia del decreto 690/20.

* Por Mariano Gendra, especialista en consumo y transporte, presidente de la Asociación de Consumidores “Cruzada Cívica” (www.cruzadacivica.org.ar / capital@cruzadacivica.org.ar).