La historia detrás de la familia que reclama Machu Picchu

La familia Abrill reclama las tierras donde se encuentran las ruinas históricas de Machu Picchu, y otros sitios del imperio Inca alrededor. Roxana, quien proclama ser la heredera de las tierras, demandó con ciertos argumentos en varias ocasiones al gobierno peruano y todavía no ha podido ganar la batalla.

Además de la ciudad Inca, en sus alrededores se encuentran otras construcciones de la misma civilización y el tan conocido “el camino el Inca”, donde miles de viajeros la transitan, recreando la manera en la cual la gente de aquella época podía acceder a la tan preciada ciudad. Las construcciones datan del siglo XV, donde se cree que fue una de las residencias del noveno Inca, Pachacútec. Desde 1983 es considerado patrimonio histórico de la humanidad, y en el 2007 es parte de las siete maravillas del mundo moderno.

Los originales dueños de las tierras

Entre 1904 y 1910, Mariano Ignacio Ferro, le compró a una familia de apellido Nadal 22.000 hectáreas que incluían la ciudad Inca. Pero al momento de la transacción nadie conocía lo que se encontraba escondido entre las montañas. Recién en 1911 el estadounidense Hiram Bingham, gracias a la ayuda de Ferro, encontró “la última ciudad Inca” que tanto anheló. Él guió al explorador norteamericano recomendándole gente del lugar que sabía mejor cómo ayudarlo, y le dejó explorar en sus tierras.

Cuando Ferro falleció, las tierras pasaron a estar en manos de su hija Tomasa quien se casó con José Emilio Abrill. El matrimonio comenzó a negociar con el Estado peruano para que le comprara los terrenos a cambio de la plata que valen las tierras. Pero en aquel entonces no se pudo negociar ya que se desconocía su valor económico.

En 1940, la familia Zabaleta compra el 80% de las hectáreas que poseía la familia Abrill, incluyendo el camino del Inca y muchas otras ruinas. Tomasa con su marido se quedaron con Machu Picchu, donde ansiaban negociar exitosamente con el gobierno peruano.

Hasta el momento, los Zabaleta y Abrill han perdido el juicio por las tierras. Hay un conflicto con una norma de 1929 que afirma que todas los monumentos prehispánicos dentro del territorio peruano, quedan en manos del Estado. Ambas familias se justifican con la argumentación de que antes de 1929, la ley decía que todos los monumentos arqueológicos pertenecían a los dueños de la tierra. Por lo que al haber comprado las tierras antes de ese año, le pertenecen.