Prótesis mamarias ilegales: miles de mujeres serán indemnizadas en todo el mundo

El tribunal de Apelación de París confirmó hoy la responsabilidad del certificador alemán TÜV Rheinland en el caso de las prótesis mamarias fraudulentas PIP, por lo que la compañía francesa deberá indemnizar a cientos de víctimas, que son unas 400.000 en todo el mundo.

Tras más de una década de procedimientos y una serie de sentencias contradictorias, el tribunal consideró que la empresa alemana es responsable "por sus incumplimientos y abstenciones en el acatamiento de sus misiones y obligaciones en la supervisión del sistema de calidad" de las prótesis de la compañía francesa PIP.

Sin embargo, el tribunal limitó esta responsabilidad al período comprendido entre el 1 de septiembre de 2006 y el 6 de abril de 2010, y entre las aproximadamente 2.500 mujeres que se habían incorporado al procedimiento varios cientos de las demandas fueron consideradas inadmisibles, consignó la agencia AFP.

Un millón de prótesis fraudulentas del fabricante Poly Implant Prothèse (PIP) fueron vendidas en el mundo entre 2001 y 2010, muchas de ellas en América Latina y se estima que la cantidad de víctimas a nivel mundial llega a las 400.000 personas.

El escándalo de las prótesis mamarias PIP se hizo público en marzo de 2010, al conocerse que la empresa utilizaba un gel de silicona no homologado para uso médico en vez del gel Nusil autorizado, que declaraba emplear.

Esta es la primera parte, conocida como "TÜV 1", en el que otros grupos de mujeres han emprendido acciones legales. "Estamos muy contentos con esta decisión, que pone fin definitivamente a las dudas sobre la responsabilidad de TÜV" , dijo Olivier Aumaître, abogado de unas 20.000 víctimas, en un comunicado. "Después de 10 años de espera y de dura lucha, el certificador alemán tendrá que indemnizar a las víctimas en su totalidad", afirmó.

TÜV fue declarada culpable en 2013 por "incumplir sus deberes de control y vigilancia", y condenada a indemnizar a seis distribuidores y a unas 1.700 víctimas.

Sin embargo, dos años después, el tribunal de apelación de Aix-en-Provence revocó esta sentencia y eximió de toda responsabilidad al certificador alemán. Pero en 2018, el Tribunal Supremo anuló esta decisión y remitió el caso al tribunal de apelación de París.