Nueva Ley del VIH: cuáles son los principales cambios que busca

El proyecto de ley de respuesta integral al VIH, ITS, Hepatitis virales y Tuberculosis busca actualizar la actual Ley Nacional de SIDA (23.798), vigente desde 1990. La ley actual garantiza acceso a prevención, diagnóstico y tratamiento, pero durante los últimos años han buscado darle a esta legislación un abordaje integral, desde un enfoque de Derechos Humanos, que considera no solo los aspectos biomédicos, sino también los determinantes sociales de la salud.

Por su parte, el director ejecutivo de la Fundación Huésped, Leandro Cahn, consideró que "la 23.798 es una muy buena ley que envejeció bien pero hoy conocemos mucho más sobre importancia de la respuesta integral al VIH" y esos conocimientos deben ser incorporados. "Hay cuestiones para actualizar desde el marco normativo, como dejar más claramente establecido el derecho de acceso a las últimas tecnologías disponibles tanto en prevención como en cuidado y tratamiento, o prohibir específicamente la realización de la prueba en exámenes preocupacionales u otras relaciones contractuales como la obtención seguros de vida o créditos bancarios", agregó el infectólogo.

Sin embargo, asociaciones como la Unión Industrial Argentina (UIA) expresan su preocupación sobre algunos particulares del proyecto y su tratamiento, apuntando que trata como discriminación cualquier despido a personas que viven con ese virus. A tales fines, empezaron un raid epistolar por el Congreso, con la idea de pedirles a legisladores que revean algunos puntos de dicha norma.

La entidad que conduce Daniel Funes de Rioja planteó que hay dos apartados, en A y B del artículo 10, que dan la pauta de que, si un empleador despide a un trabajador con alguna de las patologías antes mencionadas, ese despido está vinculado a cuestiones de discriminación.

Principales puntos del proyecto de ley:

• Prohibición del test de VIH, Hepatitis, TBC e ITS para ingresar a un puesto de trabajo, en los exámenes médicos preocupacionales.
• Pensiones no contributivas para aquellas personas con VIH y Hepatitis B o C que tengan necesidades insatisfechas. Provisión de tratamientos para quienes adquirieron el virus por transmisión vertical y para otras poblaciones clave como mujeres, personas trans, travestis y no binaries, etc.

• Creación de una Comisión Nacional de VIH, Hepatitis, TBC e ITS integrada por distintos ministerios, sociedades científicas y organizaciones de la sociedad civil que trabajen el tema.
• Extensión de la provisión de leche de fórmula hasta los 18 para bebés de madres positivas, cuyo plazo hasta el momento solo es de 6 meses en la ley vigente.

• Creación del Observatorio Nacional de Estigma y discriminación en la órbita del INADI, en la búsqueda de que no se pueda utilizar la infección por VIH, Hepatitits B o C, TBC o cualquier ITS para impedir el ejercicio de los derechos.
• El derecho al trabajo y a la permanencia en el mismo, sin discriminación, despidos, suspensiones, hostigamientos, reducciones salariales, violencia, violación de la confidencialidad y a no ser objeto de pruebas diagnósticas de modo compulsivo.
• Establecer un régimen jubilatorio especial para las personas con VIH y/o Hepatitis B y/o C cuyos requisitos son tener más de 50 años, acreditar 20 años de aportes y al menos 10 años transcurridos desde el diagnóstico al momento de solicitar el beneficio. También se otorgarían pensiones “de carácter vitalicio y no contributivo” a quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad social.