Imputan al médico que recetó dióxido de cloro a un paciente con covid-19

Dante Converti, el médico que recetó el dióxido de cloro a un paciente con coronavirus que luego falleció en el Sanatorio Otamendi, fue imputado en la Justicia federal a raíz de una denuncia del Ministerio de Salud de la Nación, mientras que el juez que autorizó la prescripción de ese producto fue denunciado por asociaciones científicas ante el Consejo de la Magistratura

La causa contra Converti quedó a cargo del juez federal Sebastián Casanello, que ordenó el allanamiento al consultorio del médico ubicado en calle Ayacucho de la Ciudad de Buenos Aires, y donde la policía secuestró historias clínicas y recetas de dióxido de cloro, entre otras evidencias.

Los investigadores explicaron a la agencia de noticias Télam que la pesquisa se inició por la denuncia presentada anoche ante la policía "como un hecho de prevención", y el objetivo del procedimiento realizado fue "preservar la prueba" que fue trasladada al juzgado con sede en Comodoro Py 2002 y ahora "será analizada".

Esta denuncia está vinculada a la supuesta prescripción de un medicamento no autorizado al paciente Oscar García Rúa y que tendría "carácter nocivo" para la salud, un tipo de delito que se investiga en la Justicia federal. Por ello, el médico está imputado y es investigado aunque todavía no se formuló una calificación concreta del delito que podría atribuírsele.

Avanza la denuncia contra el juez

Por el mismo caso, asociaciones científicas denunciaron al juez Javier Pico Terrero ante el Consejo de la Magistratura por presunto "prevaricato" y por dictar una resolución "contraria a las normas de salud pública" al autorizar la prescripción de dióxido de cloro al paciente de 92 años con coronavirus.

La denuncia fue presentada ante la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura y se pidió que "en el momento procesal oportuno se impongan las máximas sanciones". Entre las denunciantes figuran la Fundación Huésped, la Asociación Metropolitana de Medicina Familiar, la Sociedad Iberoamericana de Salud Ambiental, y la Sociedad Argentina de Infectología.

"Resulta evidente el desempeño apresurado y negligente del magistrado denunciado, toda vez, que más allá de la premura necesaria para dictar una medida cautelar, omitió haber consultado a los organismos correspondientes, como el propio Cuerpo Médico Forense y las sociedades científicas con competencia en la materia", sostienen los denunciantes.

En ese aspecto, remarcaron que "incluso una rápida consulta en cualquier buscador de internet, habría permitido al Magistrado conocer los peligros y advertencias que instituciones como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Administración Nacional de Medicamentos Alimentos y Tecnologías (Anmat), han hecho con relación al producto cuya aplicación él ordenara en forma perentoria" al sanatorio Otamendi.

Además, advirtieron que el magistrado denunciado "con tan solo una receta formulada por un médico que se presenta como especialista en neurocirugía, resuelve obligar a la institución donde se encuentra internado el paciente, a arbitrar los medios conducentes para la implementación del tratamiento indicado, consistente en una sustancia altamente tóxica para la salud".

"En este punto conviene advertir, según se desprende de la documental adjunta, que el mencionado médico no solo no es especialista en neurocirugía, sino que al mismo tiempo aunque lo fuera, debería haber advertido el magistrado que dicha especialidad médica se encuentra lejos de su ámbito de competencia la indicación de una formulación para el tratamiento de una enfermedad infecciosa", sostuvieron los especialistas.

La administración de dióxido de cloro "no solo no se encuentra autorizado o registrado su uso por la Anmat, sino que por el contrario desde agosto del año 2020 se encuentra expresamente desaconsejado su uso por la multiplicidad de eventos adversos", agregaron